Proponen multas más altas por alcoholemia positiva de funcionarios públicos en Mendoza
El proyecto plantea agravar las sanciones, ampliar inhabilitaciones y establecer la obligación de "informar" las multas a las autoridades superiores de los implicados.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 393.
Imagen ilustrativa
La Legislatura provincial tiene en sus manos un proyecto de ley que tiene como objetivo endurecer las sanciones por alcoholemia positiva, pero no para todos, sino particularmente a los funcionarios públicos de Mendoza.
La iniciativa se enmarca a raíz de algunos casos conocidos en Mendoza de funcionarios públicos que conducían bajo los efectos del alcohol y que fueron sancionados. Pasó con los concejales Miqueas Burgoa (Guaymallén) y Martín Antolín (San Rafael); el extitular del Ente de Movilidad Provincial (EMOP), Jorge Teves; y también con el exconsejero del río Atuel, Gustavo Villegas, dentro del Departamento General de Irrigación.
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En este caso, el proyecto fue impulsado por la diputada Stella Maris Huczak junto a legisladoras de su bloque (Pro), y se busca la modificación tanto la ley 9.024 de Seguridad Vial como la 9.099 del Código de Contravenciones de Mendoza.
Multas más altas para funcionarios públicos por alcoholemia positiva
En concreto, se plantea un agravante específico cuando quien comete la infracción por alcoholemia positiva sea un funcionario público. Según los fundamentos del proyecto, “los episodios de conducción con alcoholemia positiva, incluso protagonizados por funcionarios públicos, persisten”, lo que obliga a “reforzar el efecto disuasivo de la norma”.
Para casos generales de alcoholemia positiva, se mantendrán las sanciones vigentes, pero cuando el infractor tenga un cargo público, las multas y las inhabilitaciones se duplicarán, según el proyecto.
Actualmente las multas por alcohol al volante van desde los $1,5 millones a $3 millones (3.000 a 6.000 Unidades Fijas) en casos de hasta 0,99 grs l/s; y de $2 millones a $5 millones (4.000 a 11.000 UF) en casos superiores a 1 gr l/s.
De aprobarse el proyecto de ley, las sanciones para los funcionarios públicos pasarían a ser de entre $4 millones hasta los $6 millones (de 8.000 a 12.000 UF) y se podrá complementar "con arresto de 60 a 120 días, y se impondrá, como pena accesoria, la inhabilitación para conducir vehículos por un plazo de 210 a 730 días".
Pero además, esa modificación a las leyes agrega que "el Juez deberá comunicar de manera inmediata la infracción constatada y, oportunamente, la sentencia que recaiga, a la autoridad superior u organismo del cual dependa el funcionario, a los efectos que estime corresponder.
Fundamentos de las multas más altas
En la justificación del proyecto, indicaron que “el agravamiento no responde a un criterio punitivista, sino al reconocimiento de un mayor deber de responsabilidad institucional”, y subrayaron que quienes ejercen funciones públicas “representan al Estado frente a la ciudadanía y deben observar una conducta acorde a esa investidura”.
Respecto al "mecanismo de control institucional" donde se deberá comunicar tanto la infracción como la eventual sentencia a la autoridad superior del funcionario involucrado, agregaron que se apunta a “reforzar la transparencia y la coherencia interinstitucional”, permitiendo evaluar posibles responsabilidades administrativas.
Huczak remarcó que la iniciativa “no trata de estigmatizar ni de sobreactuar frente a situaciones coyunturales”, sino de fijar “reglas claras y coherentes con la realidad mendocina”, con el objetivo de proteger la vida y reforzar el cumplimiento de la ley.