Procesaron al gendarme que dejó a Pablo Grillo al borde de la muerte durante una marcha de jubilados

La jueza federal María Romilda Servini dispuso del procesamiento sin prisión preventiva del efectivo de Gendarmería Nacional, Héctor Guerrero, por el delito de lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en cinco oportunidades, todo agravado por tratarse de un miembro integrante de una fuerza de seguridad. El pasado 12 de marzo, el gendarme participó del operativo de seguridad desplegado en la zona del Congreso durante una marcha de jubilados.

Él disparó con una pistola de gas a diversos manifestantes que se encontraban sobre la calle Irigoyen, entre Solís y Entre Ríos. Uno de los cartuchos de gas lacrimógeno golpeo la cabeza de Pablo Grillo, quien cubría la manifestación con varios de sus colegas. El impacto dejó al fotógrafo en un estado de salud de tal gravedad que estuvo internado en terapia intensiva por casi tres meses.

Para concluir la situación procesal, la jueza analizó un amplio cuadro probatorio que incluyó el relevamiento exhaustivo en el lugar del hecho y un informe de la División Balística de la Policía de la Ciudad donde se descartó de forma concluyente que Guerrero hubiera disparado siguiendo las indicaciones del manual oficial y que no lo hizo en un ángulo de 45 grados hacia arriba o entre 30 y 45 grados hacia abajo para minimizar riesgos.

La situación de Pablo Grillo

La magistrada también tuvo en cuenta el informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia que concluyó que Pablo Grillo fue sometido a diversas cirugías por haber sufrido una “herida contuso compleja en rostro región mediofrontal, fractura expuesta de cráneo frontotemporoparietal izquierda, hematoma subdural derecho y hematoma epidural izquierdo” que posteriormente se cosideraron como “lesiones graves y gravísimas” por haber puesto en riesgo su vida.

Qué incluye el procesamiento al gendarme

El procesamiento del gendarme Guerrero es sin prisión preventiva, sin embargo, la magistrada le trabó un embargo por 203 millones de pesos y la prohibición de salida del país, además de tener que presentarse mensualmente en el juzgado y notificar si se ausenta del domicilio que fijó por más de 72 horas. Asimismo le pidió al Cuerpo Médico Forense un informe actualizado sobre el estado de salud de Pablo Grillo.

Durante su indagatoria, Héctor Guerrero dijo no haber tenido intención de lastimar a nadie y que todos los disparos que realizó fueron a lugares seguros y que el lanzagases lo uso a medida que lo instruyeron “y de acuerdo con el manual del uso de lanzagases”.

“El lanzagases no tiene aparatos de puntería y su cañón no tiene estrías, es un ánima lisa, por lo cual no puedo hacer un segundo disparo hacia un mismo lugar porque el cartucho sale expulsado de manera irregular”, señaló Guerrero en el escrito que presento en el juzgado.

La causa, sumada a la del policía federal Cristian Rivaldi quien está cerca de ser enviado a juicio por gasear a una niña también en otra protesta de jubilados en la zona del Congreso, deja más en evidencia el accionar de las fuerzas federales de seguridad más allá del manejo del llamado “protocolo antipiquete”.

Sobre la herida de Grillo, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desmintió que el disparo fuera directamente a la cabeza de Grillo, si no que fue acorde al protocolo de Gendarmería que establece que el efectivo debe hacerlo de forma oblicua al suelo.