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Presupuesto 2027: multas de hasta $20.000 millones por publicar datos personales y cambios para rutas, trenes y energía

El Presupuesto 2027 incluye cambios que van más allá de las cuentas públicas: modifica multas por datos personales, habilita beneficios para importaciones ferroviarias y crea incentivos para concesiones viales y centrales eléctricas.


El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso tiene algunas novedades que exceden la discusión habitual sobre gastos, ingresos y resultado fiscal. Entre sus artículos aparecen modificaciones tributarias y regulatorias que, en algunos casos, tendrán efectos más allá del próximo año.

Una de ellas está en el artículo 70. Allí el Gobierno propone modificar el régimen de sanciones de la Ley de Protección de Datos Personales y actualizar multas que habían quedado desfasadas.

El mecanismo elimina los montos fijos y crea una unidad móvil que arranca en $20.000. Las multas podrán ir desde cinco hasta un millón de unidades. Traducido a valores iniciales, significa un piso de $100.000 y un máximo de $20.000 millones.

La diferencia no termina allí. Esa unidad se actualizará una vez por año según la variación del IPC que publica el Indec. Es decir, el monto de las sanciones dejará de necesitar una modificación legal cada vez que la inflación lo deje atrás. El texto mantiene además la posibilidad de aplicar apercibimientos, suspensiones, clausuras o cancelaciones de bases de datos y dispone que las sanciones se gradúen según la gravedad y el perjuicio de cada infracción.

El Presupuesto 2027 también abre otro capítulo con el artículo 64. En este caso se trata del sistema ferroviario.

El proyecto elimina derechos de importación, IVA, impuestos internos y distintas tasas para la compra en el exterior de material ferroviario y de subterráneos. El beneficio alcanza desde material rodante, rieles y señalamiento hasta sistemas eléctricos, maquinaria, repuestos y equipamiento informático. También incluye determinados servicios técnicos y de capacitación contratados en el exterior.

El régimen podrá ser utilizado por el Estado nacional, provincias, la Ciudad de Buenos Aires y empresas públicas ferroviarias. Incluye bienes nuevos y usados y tendrá una condición: la industria nacional no deberá estar en condiciones de proveerlos. Las órdenes de compra deberán emitirse hasta el 31 de diciembre de 2027.

Hay otro cambio alrededor de las concesiones de rutas nacionales.

El artículo 67 establece beneficios impositivos para quienes resulten adjudicatarios de futuras licitaciones de obra pública vial o de ampliaciones de concesiones existentes. Entre ellos aparece la posibilidad de aplicar amortización acelerada de las inversiones para el cálculo de Ganancias y recuperar el IVA de las obras mediante reintegros o certificados de crédito fiscal.

También podrán tomar el 100% del impuesto a los débitos y créditos bancarios como pago a cuenta de Ganancias, IVA y determinadas contribuciones patronales.

El esquema requiere además participación de las provincias. El proyecto las invita, junto con la Ciudad de Buenos Aires, a eliminar Ingresos Brutos y Sellos sobre esas concesiones. Esa adhesión será necesaria para que entren en vigencia los beneficios nacionales.

Finalmente aparece el artículo 65, vinculado al sector eléctrico. El proyecto habilita el traspaso del patrimonio de los fideicomisos de las centrales Guillermo Brown y Vuelta de Obligado hacia las sociedades Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. y Central Vuelta de Obligado S.A.

La condición que fija el texto es que el sector público mantenga participación accionaria mayoritaria en esas sociedades. La norma facilita de esa forma la incorporación de los activos que hoy están dentro de los fideicomisos a las propias empresas generadoras.

Hay finalmente un dato que une parte de estos cambios. El proyecto dispone que los artículos 65 y 67 sean incorporados a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto. Es decir, no aparecen solamente como decisiones destinadas a regir durante 2027.

El Presupuesto que comenzó a recorrer el Congreso contiene así otra discusión detrás de los números fiscales: cambia el régimen de multas por datos personales, habilita importaciones ferroviarias con exenciones, crea beneficios fiscales para las nuevas concesiones viales y modifica la estructura patrimonial de dos centrales eléctricas. Algunas de esas decisiones terminarán el 31 de diciembre de 2027. Otras están pensadas para quedarse.