Polémica en un departamento por un Instituto de Educación Superior

Ramos señaló que "la institución atravesaba una situación crítica: se jubila el rector y la vicerrectora está a punto de hacerlo". En ese sentido, remarcó que:"al no estar constituído plenamente el Consejo Directivo porque fueron renunciando sus miembros, quienes nos pedían el llamado a elecciones carecían de legitimidad y no podíamos responder a ningún planteo".

A esas dificultades se sumaban numerosas irregularidades en la administración de la planta orgánico-funcional, de acuerdo a la mirada de la DGE. La funcionaria indicó que "existían docentes suplentes que continuaban percibiendo haberes sin tener tareas asignadas y suplencias otorgadas sin origen presupuestario, lo que, según afirmó, generaba una duplicación del presupuesto destinado a personal". También cuestionó que se realizaran "designaciones sin convocar a las asambleas correspondientes y sin respetar los procedimientos administrativos previstos".

La funcionaria también criticó el funcionamiento de los órganos colegiados. Indicó que cuatro de los diez integrantes del Consejo Directivo habían renunciado, por lo que el organismo dejó de tener una integración válida, mientras que el Consejo Académico, que debería reunirse periódicamente, tampoco funcionaba con regularidad. Según explicó, esa falta de institucionalidad impedía aplicar correctamente la normativa y justificaba la decisión de avanzar con un proceso de normalización.

Finalmente, Ramos sostuvo que la medida se apoyó en lo establecido por la Ley Provincial de Educación N.º 9.003, que contempla la normalización de instituciones cuando existen graves deficiencias en su funcionamiento. Afirmó que el objetivo no fue sancionar a la comunidad educativa, sino restablecer el orden administrativo, garantizar el derecho a estudiar de los alumnos y asegurar que las decisiones institucionales se adopten dentro del marco legal vigente.

El reclamo del SUTE al DGE

Desde el sindicato docente- el SUTE- presentaron un recurso de revocatoria- para que se de marcha atrás con la decisión y además, denunciaron que de los 23 IES, 27 han sido "intervenidos" por el Gobierno escolar o "normalizados" que es el nombre que la DGE le da al proceso.La DGE asegura que no recibió formalmente ese recurso y desmiente que existan esos IES en proceso de normalización.

La nota del sindicato docente con firma de su secretario general, Gustavo Correa, sostiene que: "La Resolución violenta gravemente Punto 3, inc. q) del Anexo I; Punto 2.1 y 2.; Punto 4.1 incs. a, f y g del Anexo II del Decreto 530/2018. A través de la Resolución dictada por el Director General de Escuelas se han removido ilegal e ilegítimamente a las autoridades del Instituto de Educación Superior N°9-009 que habían sido electas el 22 de Abril de 2024 y que contaban con mandato vigente, se ha violentado el sistema de sucesión de los cargos en casos de renuncia o jubilación".

Además, asegura que: "Mediante la resolución atacada se designa a personas a cargo del Instituto de Educación Superior N°9-009 que de ninguna manera cumplían con los requisitos legales para acceder a dichos cargos a modo de sucesores de los mismos ni para ser electos, usando la figura del “rector normalizador”.

Como es un recurso de revocatoria, se pide que se de marcha atrás con la decisión tomada, pero además, Correa denuncia: "A lo largo del último tiempo y a raíz de distintas resoluciones emanadas de la D.G.E se han llevado a cabo actos que han violentado el derecho a la libertad pedagógica y organizativa del Instituto. En el marco de ello, y en relación con al Instituto N°9-009, ha dispuesto la baja 69 horas suplentes durante el presente ciclo lectivo 2026, bajo riesgo de afectar el dictado de clases. También se ha procedido al cierre de las Carreras de Tecnicatura Superior en Agronomía que se dictaba en la Sede de Agrelo, Tecnicatura Superior en Energías Renovables y la Tecnicatura Superior en Contabilidad afectando la matrícula escolar y provocando su disminución".

La palabra de una preceptora que perdió horas en el IES

En diálogo con el programa After Office de MDZ Radio, la preceptora Betiana Bucci, a quien la DGE decidió reducir la mitad de sus horas, explicó: "mi puesto en la escuela no solamente era ser preceptora, sino también era parte del Consejo directivo por el claustro no docente. Hace más de ocho años que he sido elegida por mis compañeros por votaciones, o sea, nunca fue a dedo".

El día 6 de julio le comunicaron que no seguiría con la mitad de las horas. Según aduce Bucci,: "La cuestiónes que no cumplimos órdenes. Una de las órdenes era que se le diera de baja 200 horas. Bueno, lamentablemente se le ha dado de baja un montón de gente en sus horas ahora". Pero además, dijo que "el Consejo no completaba su composición porque la DGE no los habilitaba a llamar a elecciones". A esta definición el Gobierno escolar responde que no era legítimo el reclamo porque legamente no existía el órgano para hacerlo.

Además, cuestionó el proceso de normalización. "Aparecieron ese día, presentaron a las nuevas autoridades y advirtieron que tienen plena autoridad de hacer lo que quieran. Esa plena autoridad ha hecho que a dedo se pongan los diferentes coordinadores a quienes le han hecho elegir, por ejemplo, con la misma cantidad de horas, tres coordinaciones a una sola coordinadora.Porque eso antes,en un proceso eleccionario tenía que ser por el voto de todos los claustros".

La intervención de la Legislatura por el IES de Tupungato

La senadora provincial Flavia Manoni presentó dos proyectos. Por un lado, un pedido de informes dirigido a la DGE "para clarificar las irregularidades de la intervención del IES 9-009 y la aplicación de la Resolución 1622".- es decir por la que se nombró a las nuevas autoridades-.

Además, presentó otra iniciativa de declaración de "reconversión" de la Res. 1622 y de preocupación "por el avasallamiento de la autonomía y el gobierno de los Institutos de Educación Superior bajo el amparo del Decreto 530/18".

Manoni sostiene en sus argumentos: " El gobierno escolar viene utilizando términos edulcorados como "reconversión", "itinerancia", "optimización de recursos" o "reordenamiento de la oferta" para evitar el costo político de usar la palabra "cierre". Consideramos que llegó a la hora de responder formalmente sobre el destino de los institutos y las carreras definiendo el alcance real de la Resolución 1622. Lo cierto es que el caso del IES N° 9-009 de Tupungato no es un hecho aislado, sino otro "caso testigo" de un plan sistémico que afecta a la educación superior en toda Mendoza", sostuvo.

El resolución que suspende las elecciones de todos los IES

Días antes de esta decisión sobre el IES de Tupungato, la DGE publicó una resolución que suspende por dos años las elecciones de todos los IES de la Provincia.

Se trata de la resolución número 138 con fecha del 22 de junio" por el que se tramita la prórroga de mandato de autoridades en los Institutos de Educación Superior de gestión estatal, y la suspensión transitoria de los procesos eleccionarios propiamente dichos hasta de año académico 2028".

Entre las razones, se explica que: "Que el 27 de marzo de 2026 se inició en la jurisdicción el Sistema de Evaluación, Certificación y Acreditación de las Instituciones Formadoras (SIFIECA), conforme Resolución Nº 483/24 delConsejo Federal de Educación, proceso que implica autoevaluación institucional, evaluación externa, certificación y acreditación de las instituciones que dictan carreras de formación docente, con un correlato en posibilidad de emitir títulos con validez nacional.

Además suma: "que, el proceso iniciado tiene un tiempo promedio de ejecución de dos años y los estándares de calidad recomiendan no alterar la estructura de gobierno institucional ni realizar cambios de autoridades en medio de este, a fin de garantizar continuidad, coherencia y la mayor estabilidad institucional posible; siendo esto además un criterio concertado, a nivel jurisdiccional para la evaluación y acreditación de instituciones formadoras y diseños curriculares de formación inicial y continua"

En ese sentido, agrega: "Que la simultaneidad de los procesos mencionados genera una imposibilidad material y jurídica de iniciar en tiempo y forma los procesos electorales institucionales previstos en el Decreto Nº530/18, dado que no es posible constituir padrones válidos, realizar las asambleas de claustro para la elección de la Junta Electoral garantizando el derecho de elegir y ser elegido, determinarla naturaleza del Consejo Directivo, garantizar la elegibilidad de los candidatos ni realizar concursos de antecedentes y oposición en tiempo y forma de modo que confluyan con el proceso electoral en la instancia de oficialización de listas y candidatos a cargos unipersonales de gobierno y de gestión académica".