Polémica por el Presupuesto 2026: el Gobierno deroga fondos a universidades y discapacidad
El dictamen del Presupuesto 2026 incluyó la derogación de leyes clave para universidades y discapacidad, reabriendo un fuerte conflicto político.
El Presupusto 2026 obtuvo dictamen de mayoría pero desató polémicas.
El Gobierno logró este martes emitir dictamen de mayoría del Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, pero el avance del proyecto quedó atravesado por una polémica, la incorporación de un artículo que deroga las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.
Ambas normas habían sido aprobadas por el Congreso con mayorías agravadas y vetadas por el presidente Javier Milei.
Te Podría Interesar
El despacho oficial reunió 28 firmas, seis de ellas en disidencia, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca e Independencia.
En paralelo, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 18 firmas, mientras que el interbloque Provincias Unidas impulsó una tercera propuesta. El proyecto quedó así en condiciones de ser tratado en el recinto este miércoles 17 de diciembre.
La polémica desatada por un artículo del Presupuesto 2026
La controversia se concentró en el artículo 75 del texto, incorporado a último momento, que dispone la eliminación de las leyes 27.795, de financiamiento para las universidades nacionales, y 27.793, de emergencia en discapacidad, además de dejar sin efecto partidas destinadas al Hospital Garrahan.
Se trata de iniciativas que el Congreso había insistido tras los vetos presidenciales, con apoyos superiores a los dos tercios, y que ahora el oficialismo busca desactivar a través de la ley de leyes.
La norma de financiamiento universitario establecía un esquema progresivo de inversión, que iba del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031, con el objetivo de recomponer salarios docentes y no docentes, actualizar gastos de funcionamiento y crear fondos para infraestructura, becas y carreras estratégicas.
En tanto, la ley de emergencia en discapacidad sostenía que el derecho a la salud, la educación y la rehabilitación debía prevalecer frente a las restricciones presupuestarias, en línea con compromisos constitucionales e internacionales asumidos por el Estado argentino.
El recorrido de ambas leyes durante el año estuvo marcado por una creciente tensión institucional. En el caso de discapacidad, incluso la Justicia Federal declaró inválido el decreto que suspendía su aplicación y ordenó su vigencia tras un amparo colectivo, aunque la medida nunca llegó a implementarse de manera efectiva por el Ejecutivo.
