Poder Supremo: la pelea detrás de la elección clave en la Corte
La Suprema Corte debe elegir presidente y vuelven las tensiones internas. La "sopresa" Adaro, el silencio de Garay y la expectativa de Cornejo. La justicia endogámica que debe decidir sobre el futuro.
Algunas veces por ser blanco “silencioso” de la catarsis social; otras por la pereza para resolver; muchas más por la lista de privilegios que sus integrantes acarrean y que contrastan con la vida cotidiana de los “mendocinos de a pie”. Como sea, el Poder Judicial es una de las instituciones más cuestionadas socialmente y así lo reflejan las encuestas de opinión pública: mientras que la Universidad Nacional de Cuyo, la institución más valorada, tiene un 80% de imagen positiva, el Poder Judicial, penúltimo en la tabla, solo el 12%. Esa mala nota social trae un drama enorme porque recae sobre quienes tienen la responsabilidad de ser los últimos garantes de la seguridad, la libertad, los bienes y la paz en la provincia.
En el hilado fino sobre la actualidad de los jueces y fiscales de Mendoza pueden hallarse algunos rastros de las causas. Es lo que ocurre, por ejemplo, al analizar la disputa por el control en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, donde las tensiones pasan mucho más por el poder, las causas endogámicas dentro del Estado que por la búsqueda de ese utópico bien común: la Justicia. Esa idea se ilustra con algunos ejemplos. Hay encono desde el Ejecutivo por los fallos en “contra” por la situación de los empleados públicos, sobre todo por las expulsiones selectivas que ejecutó Alfredo Cornejo y fueron revertidas por la Justicia. Pero nada se dice que ese mismo tribunal tiene frenadas las causas en las que se define nada menos que el futuro de la administración del agua en Mendoza y se demoran tanto que los “vinos hechos con agua ilegal” ya son añejos, igual que las estructuras turísticas VIP construidas gracias al acceso al agua sospechado. La misma Corte había estado concentrada en el fallo en el que estaba en tensión el salario de los jueces y empleados judiciales, antes que decidir sobre el futuro de una de las principales concesiones de servicios públicos. El “tiempismo”, esa habilidad de acelerar o dormir causas según la conveniencia, es una de las grandes características de los “supremos” mendocinos.
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La Corte tiene que elegir a la conducción que “gobernará” Tribunales por los próximos dos años y vuelven las roscas políticas a las que se han acostumbrado a ejecutar y que sirve también como mecanismo de tensión interna. La novedad es que esta vez el lobby toma algunos matices explícitos. Es lo que pasó con la autopostulación de Mario Adaro para ser presidente de ese tribunal, en contraposición a la reelección de Dalmiro Garay. Los eufemismos quedan de lado al ver los perfiles de ambos “candidatos”: uno peronista; otro radical. Ambos exministros de Gobierno nombrados por sus jefes políticos y sin ningún antecedente de haberles mordido la mano en su rol como jueces. Una previsibilidad dañina para la institucionalidad. Claro que pensar en una corte “aséptica” es ingenuo, irreal y también hipócrita.
Ese tribunal es un organismo colegido, por lo que el Presidente no tiene poder supremo. Pero sí ejerce un rol clave como administrador y vínculo. En 2022 se ejecutó una reforma a la Corte provincial que había estado antecedida por una fuerte pelea. El Gobierno quería cambiar el funcionamiento de ese tribunal, los jueces díscolos se opusieron y hubo negociación. El resultado fue un cambio más equilibrado donde también se repartieron espacios de poder con vicepresidencias y funciones repartidas. Lo más trascendente fue la eliminación de las salas y la imposición de sorteos para todas las causas. Así, se buscó romper los “cotos”, aunque las influencias se mantienen. También es clave el rol del pleno, cuando votan los 7 jueces. El formato de “cónclave” para votar también es una novedad particular que habilita negociaciones contrarrerloj. Para ser elegido en la presidencia, un juez o jueza necesita 5 de los 7 votos. Si luego de dos rondas no hay resolución, se habilita la mayoría simple.
La candidatura de Adaro incomoda porque es el juez que más ataques verbales recibió de parte del Gobierno. Cornejo lo acusó de “defender vagos” por los fallos en los que se ordenó la restitución de empleados públicos. Es, también, un blanco más fácil por su pasado político; por la trayectoria gemela con el preferido de Cornejo, Dalmiro Garay. Adaro es hábil. De Palmira, diletante, viajero, actor aficionado y un peronista conservador (muchos recuerdan cuando decía que el matrimonio igualitario era una moda porteña) reconvertido. Tomó la bandera de la tecnología como eje de su gestión como ministro. La amenaza para el oficialismo en la Corte viene, sin embargo, por la ruptura de José Valerio, enemistado al extremo con Garay. La supuesta reversión de la mayoría en la Corte incomoda, pues si Valerio votara en una elección con coherencia sobre los que dice, él, Adaro, Julio Gómez y Omar Palermo podrían “decidir” la conducción del máximo Tribunal en el cónclave del martes. Pero la política no es matemática y por eso en el mismo Gobierno confían en la continuidad de Garay. Aunque lo disimulen, la postulación de Adaro es una “declaración de guerra” tácita por el rol político del ministro.
La votación del Presidente será en un momento particular, tras las elecciones nacionales y provinciales en las que el oficialismo salió fortalecido. Y no es cualquier oficialismo, pues se trata de un sector político que no disimula su búsqueda de permeabilidad en la Justicia. Lo saben jueces, fiscales, defensores y abogados.
La presión parece estar sobre Garay, que en las últimas semanas eligió bajar aún más el perfil. El presidente de la Corte pagó en los últimos años el costo de haber llegado a ese lugar promocionado por el Gobernador. Así como el hecho de pertenecer le representó un beneficio para acelerar en su carrera, también es un problema (aunque menos en peso) a la hora de construir una imagen independiente y de vuelo propio. Más aún por el rigor de Cornejo para ejercer el poder. El hombre es nacido en Jáchal, radical de cuna (su padre fue intendente), educado políticamente en la Franja Morada (donde fue parte de la conducción nacional) y con trayectoria profesional como defensor de los intereses del Estado, tiene temple y sangre fría. Asegura no estar atado a un cargo que es vitalicio por definición, pero no por obligación. Ese desgaste hace obviar avances reales que hubo en tribunales y que, nobleza obliga, también fueron parte de la reforma cornejista: oralidad en los procesos, conciliaciones para bajar la litigiosidad, más velocidad de resolución y tecnología aplicada a la gestión.
En la pelea de “machos” políticos, una mujer podría salir fortalecida. La idea de que Teresa Day se convierta en la primera mujer que lidere la Corte dejó de ser solo un rumor. La ministra, que llegó a ese lugar tras la intempestiva renuncia de Jorge Nanclares que derivó en una jura en secreto en casa de Gobierno, construyó un camino propio, aún con los prejuicios que pesaban sobre ella por su cercanía a sectores más reaccionarios de la iglesia. En su rol se hizo cargo de gestionar el área más crítica de la Justicia mendocina, el fuero de Familia. Es que lejos del árbol que representa la disputa de poder y la pelea endogámica por los estatales, la “injusticia” de Mendoza se vive en los conflictos cotidianos y puertas adentro de cada hogar que repercuten en Tribunales.
La Corte tendrá un rol clave en los planes del gobierno y, en simultáneo y de manera concordante, sobre la gestión de los recursos estratégicos de Mendoza. Hacia ese tribunal se dirigirán todos los recursos que puedan surgir de la política minera y de hidrocarburos; algunos de ellos ya sembrados. No es la misma conformación que ratificó la constitucionalidad de la ley 7722, claro está. Allí hay una curiosidad que une a Alfredo Cornejo y Mario Adaro. Fue el ministro de la Corte quien en su argumentación sobre la ley “antiminera” tuvo una posición similar a la de Cornejo y que podría traducirse en un futuro proyecto. El ministro de origen peronista dijo en su voto que no era constitucional que los proyectos mineros necesitaran ratificación legislativa. El recorrido legal de esa causa es un ejemplo sobre cómo influyen los contextos en las causas judiciales. Fue Jorge Nanclares quien tuvo voto preopinante que avaló la constitucionalidad de la ley. El fallo salió una década después de iniciada la causa y fue contemporáneo a dos hechos: la tragedia ambiental y social ocurrido en 2015 por el colapso de la represa de Fundão, de la empresa Samarco (vinculada a BHP), en el estado de Minas Gerais (Brasil), donde murieron más de 20 personas y un pueblo quedó bajo el lodo contaminado de una mina. También coincidió con el Laudato Si, la encíclica papal en defensa del ambiente. Ambos hechos quedaron impregnados en la sentencia que ratificó la contitucionalidad de la ley.
Las reformas y decisiones políticas tienen a Tribunales como última instancia y en el Gobierno lo saben. Por eso cada estrategia incluye a la Justicia como pieza. La Corte deberá decidir en un futuro cercano sobre los cuestionamientos a los proyectos mineros de Malargüe, a lo que pueda surgir con San Jorge y sobre el acceso al agua subterránea en zonas restringidas. También, y para redundar en la endogamia, sobre la vigencia en la reforma del estatuto de los empleados públicos.
El Poder Judicial es donde más reformas ejecutó Cornejo en sus gobiernos. Para mantener una “tensa calma” sin rupturas el Gobernador fue prolijo en lo único que es intocable y genera reacción corporativa: el bolsillo de los jueces. Los gobernadores anteriores tuvieron más problemas con la Justicia que Cornejo porque hubo problemas con sus sueldos. Desenganche, falta de actualización y de pago. El actual gobernador es “buen pagador” y los jueces lo agradecen. Por eso las actualizaciones de salarios atados a los jueces federales se cumple, igual que todos los privilegios atados a la “paz interna”.