Piden reabrir la causa por el préstamo de US$57.100 millones del FMI durante el macrismo
El fiscal Agüero Iturbe presentó un recurso de casación con el que apunta a que se anule la decisión de segunda instancia y que continúe la investigación sobre la toma y el destino del crédito otorgado durante el gobierno de Mauricio Macri.
El fiscal ante la Cámara Federal porteña José Luis Agüero Iturbe pidió que se anule la confirmación del archivo de la causa que investiga la contratación del préstamo de hasta US$57.100 millones con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri.
El expediente busca determinar si en la negociación, contratación y administración del crédito otorgado por el FMI en 2018 existieron delitos por parte de funcionarios públicos. El préstamo había sido acordado inicialmente por US$50.000 millones y pocos meses después fue ampliado en otros US$7.100 millones.
Además del expresidente, la investigación alcanzó al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, a Luis Caputo y Federico Sturzenegger y los exfuncionarios del Banco Central Guido Sandleris, Gustavo Cañonero, Verónica Rappaport, Enrique Szewach y Mauro Alessandro.
El caso había sido archivado el 2 de febrero por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien entendió que los hechos investigados no permitían configurar los delitos denunciados. Entre sus argumentos sostuvo que las Cartas de Intención y los Memorandos de Políticas Económicas y Financieras firmados con el FMI no establecían, como normas jurídicas internas, un destino obligatorio para los fondos cuyo incumplimiento pudiera constituir malversación.
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El fiscal Franco Picardi apeló esa decisión y sostuvo que la investigación todavía debía profundizarse. Entre otras cuestiones, había planteado la necesidad de analizar la trazabilidad de los fondos y los vínculos entre funcionarios y operadores privados que pudieron haberse beneficiado con las operaciones de divisas.
Con la firma de los magistrados Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, la Cámara Federal Porteña confirmó el archivo. Los jueces consideraron que, después de más de cinco años de investigación y de la incorporación de informes de la Auditoría General de la Nación, la SIGEN y el Banco Central, además de expedientes administrativos, testimonios y documentación vinculada con el FMI, no se había alcanzado el grado de prueba necesario para sostener la existencia de los delitos denunciados.
Uno de los puntos discutidos fue el informe de la SIGEN, que había calculado un perjuicio patrimonial para el Estado de US$29.618 millones. Para la Cámara, ese deterioro económico no era suficiente para demostrar que los funcionarios hubieran realizado una disposición patrimonial conscientemente ruinosa para el Estado o que hubieran sustraído fondos en beneficio propio o de terceros.
Llorens y Bertuzzi también señalaron que el acuerdo con el FMI fue gestionado en un contexto de “urgencia financiera reconocida” y que no podían inferir, a partir de las irregularidades administrativas señaladas por la fiscalía, que los funcionarios hubieran actuado con el propósito específico de violar la ley.
El nuevo planteo fiscal cuestiona precisamente ese razonamiento. Agüero Iturbe sostiene que en una causa penal primero deben investigarse los hechos y sus posibles responsables, y que recién después corresponde determinar qué delito puede corresponder. “En una causa penal se investigan ‘hechos’ y no ‘calificaciones legales’”, afirma el escrito presentado ante la Cámara.
Para Agüero Iturbe, todavía existen medidas relevantes que no fueron realizadas y que podrían permitir determinar qué ocurrió con los fondos y si hubo eventuales beneficiarios privados de las operaciones investigadas. Por eso considera que el archivo fue prematuro y que la investigación debe continuar antes de adoptar una decisión definitiva.
El recurso también cuestiona la fundamentación de la resolución de la Cámara. Agüero Iturbe sostiene que el fallo presenta una “fundamentación aparente” y que no constituye una derivación razonada del derecho vigente frente a las circunstancias de la causa. A partir de ese planteo, reclama que la resolución sea declarada nula.
La presentación llega después de que la Cámara Federal confirmara el archivo de una causa que llevaba más de cinco años bajo investigación. La información publicada por Infobae coincide en que la Sala I consideró que no se habían probado delitos y que no correspondía que la Justicia revisara una decisión de política económica en ausencia de elementos que demostraran una conducta delictiva.