Pese al decreto de Javier Milei, la Justicia ordenó mantener a la UIF como querellante en la causa "Ruta del Dinero K"
La Cámara Federal Porteña revocó una decisión del juez Sebastián Casanello y habilitó al organismo a continuar como parte acusadora en un tramo del expediente por lavado, a pesar de que el Gobierno derogó la norma que le daba ese poder.
Por mayoría, la Cámara Federal Porteña determinó que la Unidad de Información Financiera (UIF) siga actuando como acusador particular en la causa donde Lázaro Báez fue condenado por lavar 55 millones de dólares, pero un tramo residual vinculado a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner permanece en instrucción.
El organismo apeló el fallo del juez Casanello, argumentando que el Decreto 274/2025 que en abril de 2025 pasado derogó la norma que le permitía actuar como acusador, no la obligaba a abandonar las causas en las que ya venía participando.
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La validez de la UIF como acusador en causas de lavado
Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi coincidieron en que el propio organismo había aclarado que "jamás fue intención de la administración (gubernamental) ordenarle a la UIF el desistimiento de las causas en trámite". Para Llorens sería contradictorio suponer que el organismo estuviera invocando una potestad que no le corresponde, ya que "esto implicaría una actuación por fuera de sus atribuciones legales".
Bertuzzi remarcó que la UIF invirtió "años de recursos" en estas investigaciones y que su capacidad para actuar como querellante surge de la propia Ley 25.246, que creó el organismo, y del régimen de representación judicial del Estado, no solo del decreto derogado.
En su voto disidente, el magistrado Eduardo Farah sostuvo que mantener a la UIF en ese rol implicaría "desatender las razones y el sentido" del nuevo decreto y que la disposición del ejecutivo no se limitó a derogar el anterior, sino que "regula diversos aspectos de la vida institucional" de la UIF, reorientando sus objetivos.
Farah citó textualmente los fundamentos del decreto de Milei, que señalan que "el esquema actual superpone la actividad de ambos organismos con el consecuente gasto de recursos humanos y económicos que conlleva y el riesgo de incurrir en contradicciones en el obrar". El decreto también busca evitar una "influencia o interferencia indebida" en los términos de las recomendaciones del GAFI, el organismo internacional contra el lavado de dinero.
El magistrado disidente concluyó que la decisión no implica aplicar retroactivamente las nuevas disposiciones, sino reconocer que ese "interés institucional" que justificó en 2008 la participación de la UIF como querellante "ha sido reencausado hacia otros objetivos".
El estado actual de la investigación sobre Cristina Kirchner
A instancia del fiscal Guillermo Marijuan, el juez Sebastián Casanello dictó la falta de mérito sobre Cristina Fernández de Kirchner y posteriormente su sobreseimiento. "Sin acusación no hay proceso penal posible", argumentó el magistrado. Tanto la UIF como la AFIP, que actuaban como querellantes, apoyaron la decisión. Pero en agosto de 2023, la Cámara Federal aceptó como acusador particular a la ONG Bases Republicanas.
La misma cámara revocó el sobreseimiento de Cristina Kirchner y ordenó a Casanello "volver a expedirse" sobre su situación procesal. La defensa de la antigua mandataria llevó el caso a Casación, que rechazó los recursos y confirmó que la causa debía continuar. En mayo del año pasado, la Corte Suprema desestimó los planteos contra los jueces y la actuación de la ONG querellante.
El expediente volvió a manos de Casanello, que debe definir la situación procesal de la expresidenta mientras se completan las medidas de prueba pendientes. En agosto del año pasado, la Cámara Federal Porteña ordenó incorporar como prueba una desgrabación de un audio atribuido a Báez, pese al rechazo inicial del magistrado.