Obras ilegales en el Piedemonte: cuándo aplicarán multas millonarias y demoliciones
Desde el Gobierno de Mendoza advirtieron que avanzarán en la aplicación del decreto que reglamentó las sanciones para las construcciones irregulares en la zona de la precordillera y el piedemonte.
El Gobierno va contra las obras ilegales.
ALF PONCE MERCADO / MDZDurante los últimos días del 2025, el Gobierno de Mendoza reglamentó el régimen de sanciones para las construcciones ilegales en la zona de la precordillera y el Piedemonte. La norma establece multas que van de los $5 millones a los $100 millones además del secuestro de maquinaria y la demolición de las obras realizadas en zonas restringidas.
Desde el Gobierno provincial advirtieron que la medida busca hacer cumplir la ley que establece las pautas de urbanización de esta zona sensible y determinar dónde se puede construir y en qué lugares está prohibido. Resaltaron que se regula la densidad que tienen los loteos en esta área y además se pretende impedir la obstrucción de ríos secos u obras hidráulicas.
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El decreto reglamentario establece que las infracciones podrán calificarse en leves, graves o muy graves. En base a esta escala se aplicarán multas que pueden ir desde los 5 millones a los 100 millones de pesos. Además, se contempla la suspensión de autorizaciones, la clausura temporal o definitiva de una obra o incluso la demolición de una construcción y la obligación de la recomposición ambiental.
La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la provincia, Marité Badui, explicó que en 2022 se sancionó la Ley del Piedemonte que zonifica el área oeste del Gran Mendoza y establece dónde se puede construir y dónde no.
“Dónde se puede construir lo que establece es pautas mínimas de urbanizaciones, porque tiene una característica específica, aluvional, pendiente y los suelos se han ido impermeabilizando cada vez más”, indicó la funcionaria.
Asimismo, precisó que la ley cuenta con un capítulo específico referido a las infracciones. “El reciente decreto reglamenta este capítulo para que se cumpla con la Ley. Nosotros no buscamos recaudar ni buscamos obstruir, buscamos que el desarrollo sea equilibrado y que haya una disciplina real territorial que, lamentablemente, a veces se tiene que llegar a la multa”, expresó Badui.
El Gobierno va contra las obras ilegales
La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial aseguró que desde el Gobierno provincial se realizarán inspecciones “in situ” y también se tomarán denuncias que puede realizar la ciudadanía. Las inspecciones se coordinan con el Ministerio de Energía y Ambiente.
“Lo que buscamos es un desarrollo integral normalizado ante una zona de fragilidad que tiene que tener ciertos cuidados especiales”, remarcó Badui.
La funcionaria indicó que desde la publicación del decreto todavía no se avanzó con ninguna sanción por infracciones en la zona del Piedemonte. “Estamos con inspecciones. Hemos detectado algunas cuestiones irregulares que son menores desde lo administrativo, no sobre cuestiones de estructura”, detalló.
Respecto a las pautas de urbanización que establece la legislación, destacó que uno de los aspectos a tener en cuenta es la densidad de los loteos. “Los terrenos no pueden ser menores, tienen que ser terrenos obviamente más grandes, no pueden haber terrenos de doscientos metros cuadrados en el Piedemonte”, sostuvo.
Agregó que las inspecciones también apuntan a detectar posibles obstrucciones a obras hidráulicas o ríos secos, debido a las complicaciones que podrían generar hacia la zona más urbana del Gran Mendoza.
Multas millonarias, secuestro y demolición
Las multas para los infractores están graduadas en función de si son consideradas leves, graves o muy graves.
El umbral de sanciones es el siguiente:
- Apercibimiento.
- Suspensión o revocación de autorizaciones otorgadas.
- Multa, graduable entre 10.000 (5 millones de pesos) y 200.000 unidades fiscales (100 millones de pesos)
- Clausura temporal o definitiva de la actividad.
- Obligación de recomposición ambiental.
Asimismo, el decreto reglamentario faculta a la Subsecretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial a poder secuestrar maquinarias y materiales, así como también paralizar obras y eventualmente demolerlas.