Milei reaccionó ante una contratación millonaria de Cancillería con una explicación que niega irregularidades

El presidente Javier Milei decidió intervenir de forma directa en la controversia política que generó la adjudicación de un contrato millonario del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

Las explicaciones del Gobierno sobre el contrato millonario

El jefe de Estado evitó emitir un comunicado formal desde la Casa Rosada y optó por expresar su respaldo a través de las redes sociales. Milei reposteó un mensaje del canciller Pablo Quirno en la plataforma X, en el que el funcionario defendió la legalidad de la contratación.

“¡No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario! Cancillería ha contratado a la AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal”, sostuvo Quirno en el mensaje que el Presidente decidió amplificar ante millones de seguidores.

En la misma publicación, el canciller buscó despejar cualquier sospecha de conflicto de intereses y explicó que, debido al vínculo familiar con Sturzenegger, se activaron los mecanismos de control correspondientes. “Al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se aplicó el procedimiento de integridad con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, que revisaron todo el proceso”, aseguró.

Qué ocurrió en Cancillería

La defensa pública del Gobierno se produjo luego de que trascendiera el expediente administrativo, a partir de una investigación publicada en exclusiva por la Agencia Noticias Argentinas. El informe reveló que la Cancillería adjudicó de manera directa a la AACI un contrato por $114.044.133 para dictar clases presenciales de inglés a 132 empleados y diplomáticos.

La investigación no solo expuso el vínculo familiar en la contratación, sino que también detalló que el Estado abonó cerca de $191.993 por hora de clase, un monto que, según el relevamiento, triplica ampliamente los valores máximos del mercado docente. El dato avivó el debate político y abrió cuestionamientos sobre los criterios de contratación y los costos asumidos por el Estado.

Pese al revuelo, el respaldo explícito de Milei buscó cerrar filas dentro del Gobierno y reforzar el argumento oficial de que la operación cumplió con todos los requisitos legales y de control, en un contexto donde la transparencia y los conflictos de interés se convirtieron en uno de los ejes centrales de la discusión pública.