Mendoza se suma al registro nacional que controla la conducta de las fuerzas policiales
La medida busca garantizar el intercambio de información y fortalecer la transparencia institucional.
El convenio integra a Mendoza al sistema federal RE.NA.C.
GobiernoA través del Decreto Nº 2059, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno de Mendoza aprobó el “Convenio de Cooperación y Adhesión al Registro Nacional de Antecedentes de Conducta de las Fuerzas Policiales y de Seguridad (RE.NA.C.)”, celebrado entre el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza.
El acuerdo establece una cooperación institucional y un intercambio de información sobre antecedentes sancionatorios o medidas expulsivas aplicadas a integrantes de fuerzas policiales y de seguridad.
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El convenio tiene como fin unificar, verificar y comunicar los antecedentes de conducta del personal policial, permitiendo el acceso recíproco a datos entre la Nación y la Provincia.
De este modo, Mendoza incorporará al sistema federal la información sobre los agentes sancionados o dados de baja en los últimos diez años, así como las sanciones que se impongan en el futuro.
Además, el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial designará personal autorizado para ingresar al módulo “Antecedentes de Conducta del Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad” del Sistema de Trámites a Distancia (TAD), a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
Intercambio seguro y protección de datos
El decreto detalla que la información del RE.NA.C. será utilizada exclusivamente con fines institucionales y no podrá divulgarse por ningún medio. Las partes deberán garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos, en cumplimiento de la Ley Nacional Nº 25.326 de Protección de Datos Personales.
Asimismo, tanto el Ministerio de Seguridad Nacional como el de Seguridad y Justicia provincial mantendrán actualizada la información, asegurando la carga regular y controlada de los antecedentes.
El convenio no genera compromisos económicos para la Provincia y tendrá una duración inicial de dos años, con renovación automática salvo decisión contraria de las partes.
En caso de rescisión unilateral, la notificación deberá realizarse con 90 días de anticipación.