Mendoza incorpora cámaras privadas al sistema de videovigilancia provincial
La medida, enmarcada en el Decreto Nº 1763, busca fortalecer la prevención y detección de delitos en espacios públicos de Mendoza.

Convenio para sumar cámaras privadas al sistema de seguridad de Mendoza.
ShutterstockEl Gobierno de Mendoza oficializó este miércoles, a través del Decreto Nº 1763, la aprobación del “Convenio entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y privados - incorporación cámaras”. El acuerdo fue suscripto el 23 de junio de 2025 entre la ministra María Mercedes Rus y el empresario Luciano Javier Pugni, titular de la firma Kioscos Yes.
Según detalla el decreto, el convenio se enmarca en la Ley Provincial Nº 9562 de Videocámaras, que habilita la integración de dispositivos de videovigilancia privados al Sistema de Videovigilancia Provincial. La iniciativa tiene como fin ampliar la cobertura en la vía pública y en espacios con acceso público, optimizando las herramientas de prevención y control en materia de seguridad.
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El texto oficial aclara que el Ministerio, a través de la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad, será el encargado de evaluar la viabilidad técnica de cada integración. En caso de ser necesario, se realizarán observaciones que deberán ser cumplidas por los privados para asegurar la calidad del registro.
Por su parte, las empresas que incorporen cámaras deberán garantizar el mantenimiento de los equipos y comunicar cualquier inconveniente técnico o baja. El Ministerio no realizará un monitoreo constante, pero podrá intervenir en situaciones puntuales. Además, el convenio establece que todas las condiciones se ajustan tanto a la Ley Provincial Nº 9562 como a la Ley Nacional Nº 25.326 de Protección de Datos Personales.
El decreto, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, resalta que este tipo de convenios se inscriben en la estrategia de reforzar la seguridad pública en Mendoza mediante la colaboración con actores privados, con el objetivo de mejorar la detección de situaciones delictivas y la capacidad de respuesta del Estado.