Mendoza desafectó un inmueble de Aysam en Cacheuta y lo restituyó a la Provincia
El Ejecutivo provincial dispuso la desafectación de un inmueble ubicado en Cacheuta que ya no era utilizado para el servicio de agua potable.
La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial de Mendoza.
ArchivoEl Gobierno de Mendoza oficializó la desafectación y restitución a la Provincia de un inmueble que se encontraba bajo la órbita de Agua y Saneamiento Mendoza Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Aysam–Sapem), al considerar que el predio ya no cumple funciones vinculadas al servicio público.
La decisión quedó plasmada en el Decreto Nº 2778, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y publicado este martes en el Boletín Oficial, tras un expediente iniciado por la propia empresa concesionaria, que solicitó formalmente dejar sin efecto la afectación del bien al sistema de provisión de agua potable y saneamiento.
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El inmueble en cuestión está ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 7, en la localidad de Cacheuta, distrito Potrerillos, departamento Luján de Cuyo, y cuenta con una superficie total de 1.664,95 metros cuadrados, según el informe catastral y el plano de mensura correspondiente.
Los fundamentos del decreto y el destino del inmueble
De acuerdo con los considerandos del decreto, el predio había sido entregado en concesión de uso a Obras Sanitarias Mendoza y posteriormente transferido a Aysam, pero no se encontraba en utilización operativa, condición que habilitó su desafectación conforme a lo establecido en el contrato de concesión y la normativa provincial vigente.
El texto legal aclara que, si bien el inmueble figuraba registrado a nombre de la empresa prestataria, la propiedad pertenece al Estado provincial, motivo por el cual se dispuso su restitución formal a la Provincia de Mendoza. La medida cuenta con dictámenes técnicos y legales favorables, así como con la intervención del Departamento General de Irrigación y de la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado.
Finalmente, el decreto establece la notificación a los organismos involucrados, su publicación oficial y el archivo de las actuaciones, cerrando así el proceso administrativo que devuelve el inmueble al patrimonio provincial para su eventual reasignación o nuevo destino conforme a las necesidades del Estado.
El texto publicado en el Boletín Oficial
