Llaman como testigos a un intendente y a un empresario en una causa judicial
Durante este mes, deberán prestar declaración testimonial Francisco Lo Presti y Mauricio Badaloni.
La audiencia previa al juicio se desarrolló en el Polo Judicial Penal.
ALF PONCE MERCADO /Archivo MDZEl fiscal Juan Manuel Sánchez quien está a cargo de la causa judicial en la que se investigan disturbios ocurridos durante una manifestación en Uspallata a fines de enero de este año contra la instalación de la minera San Jorge, llamó como testigos al intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti; al Secretario de Seguridad Ciudadana de esa comuna, Fabián Oso Tello; al empresario de transporte Mauricio Badaloni y a un grupo de polícías provinciales y agentes de seguridad municipales.
El 24 de febrero pasado, hubo una manifestación en Uspallata contra la instalación de una oficina de la minera San Jorge que hace 17 años busca extraer cobre en el lugar. Esta vez, fue el intendente Lo Presti a hacer un acto de inauguración del lugar. Se generaron disturbios como un incendio por parte de un vecino- El Mostro González- a un empresario- Edgardo Vera-. Mediante un juicio abreviado, González admitió ser culpable.
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Pero, un mes después de este hecho, le llegó una notificación judicial a Mauricio Cornejo, un vecino de Uspallata y semanas después a otro, a Federico Soria. El primero fue preso inmediatamente, el segundo, al recibir la notificación. Los acusaron de ser parte de una agrupación para la coerción ideológica, es decir, de terrorismo. Luego fueron liberados, pero el proceso judicial sigue.
La municipalidad decidió presentarse como querellante. Pero la jueza que entiende en la causa judicial que es Claudia Tula, la rechazó como tal. Ahora, son testigos propuestos por el denunciante, dos funcionarios que estaban en el lugar. Uno el intendente, y el otro el secretario de Seguridad Ciudadana, Tello, quien había llevado al GUM, que es la guardia urbana municipal. Además, el empresario Badaloni, del ámbito del transporte y también ahora empresario de medios.
La causa judicial, que pasó por tres fiscales desde la manifestación de febrero, quedó a cargo del fiscal Juan Manuel Sánchez, quien motorizó las denuncias. Sin embargo, el 3 de abril la jueza Claudia Tula, del Juzgado Penal Colegiado N° 2, declaró la incompetencia de la Justicia local para intervenir en la causa y ordenó la libertad de los detenidos. Tras varias idas y vueltas, la novedad es la citación de los funcionarios y el empresario.
La citación a Lo Presti
La fecha de la comunicación es del último día hábil de mayo: el 30. Sin embargo, los testigos tienen que ir a declarar durante todo junio. "Atento a las constancias de autos, cítese a prestar declaración Testimonial al Sr. Pablo Tijeras, miembro delG.U.M y al Auxiliar Segundo Damián Genovese a tal fin, fíjese Audiencia para el día 9 de junio de 2025 a las 10 y a las 11, respectivamente", solicita en la notificación el fiscal.
En el siguiente párrafo, sostiene: "cítese al Sr. Mauricio Badaloni para Audiencia Testimonial y a la Of. Ayudante Cristina García el día lunes 23 de junio de 2025 a las 10 y 11 respectivamente. Solicítese colaboración al CIAT, dependiente de la Policía de Investigaciones del Ministerio de Seguridad, a efectos de que realice el análisis de los datos almacenados en los celulares secuestrados."
En ese sentido, dice Sánchez en su escrito: "Proveyendo el escrito de fojas 519, cítese al Sr. Francisco Lo Presti y al Sr. Fabian Tello, a AudienciaTestimonial, prevista para el día 30 de junio de 2025 a las 10 y 11. Cítese al Sub Comisario Sr. Ricardo Calderon, para Audiencia Testimonial el día lunes 7 de julio de 2025 a las 10.
Las idas y vueltas de la causa judicial
Soria y Cornejo fueron inculpados un mes después de la manifestación de fines de enero. Los acusaron de asociación para la coerción ideológica, un delito que implica que si son declarados culpables, deberían ir presos. Estuvieron detenidos unos días, pero al declararse incompetente la jueza, los liberaron.
Ahora, deben pedir permiso para salir de la provincia, entre otras restricciones que le puso la Justicia. Esta situación se dio a comienzos de abril. Pero unos días después, el juez de Garantías Federal Alberto Daniel Carelli resolvió no aceptar la competencia del fuero federal para intervenir en la causa donde se investiga a dos vecinos de Uspallata. Le pidió a la Corte nacional que defina quién debe tratar la denuncia, si es la Justicia Federal o la Provincial, pero el juez federal en su dictamen esgrimió que no se considera competente.
Sin embargo, la jueza Tula prosiguió con la causa judicial y ahora, luego de que la defensa presentara un pedido de nulidad, se conoció la citación del fiscal Sánchez a los funcionarios lasherinos y al conocido empresario de transporte, a Badaloni.