Ley de propiedad: el Gobierno busca desmontar una norma de Máximo Kirchner
El proyecto redefine expropiaciones, acelera desalojos y flexibiliza reglas para extranjeros, revirtiendo las restricciones que había promovido Máximo Kirchner.
El Gobierno enviará al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas surgidas del Consejo de Mayo y que apunta a reforzar la seguridad jurídica sobre bienes inmuebles.
La propuesta busca fijar un marco unificado para expropiaciones, desalojos y ocupaciones irregulares, además de introducir cambios sustanciales en materia de tierras rurales.
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La propuesta del Consejo de Mayo
La iniciativa redefine el sistema de indemnizaciones por expropiación, y las compensaciones quedarán circunscriptas al valor real de mercado y a daños verificados, dejando afuera cálculos basados en expectativas futuras o consideraciones subjetivas. También se establece la prohibición de transferir la propiedad sin el pago completo de la indemnización y se fija un máximo de 60 días para las ocupaciones temporáneas anormales.
En materia de desalojos, el texto plantea un esquema mucho más rápido. A partir de la presentación del título y una caución juratoria, el juez deberá ordenar la restitución inmediata del inmueble en casos de intrusión o incumplimiento de pagos. La norma habilita además ejercicios de la fuerza pública y allanamientos para garantizar la ejecución de las sentencias.
Uno de los puntos más sensibles es la derogación de artículos de la Ley 26.737, la norma promovida en su momento por Máximo Kirchner, que imponía límites estrictos a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El proyecto oficial mantiene restricciones para Estados y empresas estatales del exterior, pero flexibiliza el acceso a inversiones privadas, marcando un giro en la política que había impulsado el dirigente de La Cámpora.
El paquete de reformas también reactiva pautas vinculadas a la gestión del fuego, modifica reglas de regularización dominial en barrios populares y fija que las cuotas no podrán exceder el 20% del ingreso familiar. Con esta ley, el Ejecutivo busca consolidar un mensaje de estabilidad normativa y protección de la propiedad, pieza clave dentro de su agenda de reformas estructurales.