Ley de Glaciares: La Libertad Avanza consiguió dictamen de mayoría y tiene todo listo para la nueva normativa

La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría, con 37 firmas en el plenario de comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales. Así, el Gobierno se encamina a sancionar una nueva ley en la sesión del miércoles, con alrededor de 135 votos afirmativos, según el recuento que hizo MDZ.

Las 37 firmas se componen con 27 de La Libertad Avanza, cuatro del PRO, dos de la UCR, dos de Innovación Federal, Fernanda Ávila (Catamarca), de Elijo Catamarca y Gustavo Jaime (San Juan), de Producción y Trabajo.

Con el apoyo de estos bloques, el Gobierno tiene garantizado el quórum para la sesión de mañana, que comenzará a las 15, y también los votos para la aprobación en general de la nueva Ley de Glaciares, que impulsan las provincias de la Mesa del Litio y las empresas mineras, las principales beneficiarias de esta normativa.

Por su parte, la oposición presentó distintos dictamenes de rechazo, uno de Unión por la Patria, uno de Provincias Unidas y otro la Coalición Cívica. Sin embargo, tanto en Unión por la Patria como en Provincias Unidas podrían haber votos a favor de la nueva Ley de Glaciares, aunque la mayoría de estos bloques se expresará en rechazo.

El dictamen que firmó el oficialismo es el mismo que recibió media sanción del Senado a fines de febrero. Así, el Gobierno sancionaría la nueva Ley de Glaciares que habilita las exploraciones de proyectos mineros en zonas periglaciares. Con la normativa sancionada en 2010, estos espacios eran protegidos por la Nación.

La Ley que el Gobierno se encamina a sancionar mañana le delega a las provincias la potestad de definir en qué glaciares podrán desarrollarse las actividades mineras. Además, elimina el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), el organismo que se encargó de armar un inventario de todos los glaciares en la Argentina y que se estudia estos revervorios de agua, que abastecen a siste millones de argentinos.

La Casa Rosada y las provincias mineras, espalda con espalda

Con esto, la Casa Rosada completará su guiño y su asociación con los gobiernos de las provincias con actividad minera, los principales impulsores de esta ley. Este tema tomó protagonismo en la agenda parlmentaria en diciembre del año pasado, cuando el Gobierno impulsaba la reforma laboral y el Presupuesto 2026. En ese entonces, los gobernadores hicieron valer sus votos para acompañar al oficialismo a cambio de que la Casa Rosada impulse esta reforma de la Ley de Glaciares.

Sin embargo, solo uno de los gobernadores, Marcelo Orrego (San Juan), puso su voz en defensa del proyecto, por teleconferencia. El resto mandó a sus funcionarios al debate en la Cámara de Diputados. Raúl Jalil (Catamarca) también estaba anunciado como orador por teleconferencia, pero no apareció

Orrgeo, que planteó que "sin minería no va a haber futuro". Sobre su provincia, el sanjuanino comentó: "Tenemos más de 3.000 kilómetros de canales, primarios y secundarios, para poder regar, y muchos de esos canales se rompieron o hay que impermeabilizarlos”. “Lamentablemente es un problema que trae mucha historia atrás, pero estamos trabajando en un plan integral del cuidado del agua”, remarcó por teleconferencia.

Además, sostuvo que San Juan tiene una política de cuidado ambiental de "avanzada en esto para determinar en un ambiente periglacial cuál tiene función hídrica y cuál no". "Tenemos un consejo provincial del agua. La minería y el ambiente van de la mano, es el mundo que viene y sin minería no va a haber futuro", sumó.

La jornada comenzó caliente para los invitados. Una asociación de abogados ambientalistas, que lidera Enrique Viale, denunció al secretario de Mineria, Luis Lucero, por incompatibilidad en la función pública, por ser uno de los promotores de esta ley, luego de haber sido parte del estudio Marval, O'Farrell & Mairal y asesor de grandes empresas mineras como Glencore, Rio Tinto, AngloGold Ashanti, Vale y Newmont, entre otras. También integró directorios de firmas vinculadas al sector.

Sin embargo, participó igualmente de la discusión, desestimó las denuncias en su contra y defendió la ley que impulsa el Gobierno. “El agua dulce no es un verdadero problema, tenemos que distribuirla mejor y no es algo que querramos atacar”, comentó. Y remarcó: “¿Cómo se puede decir que vamos a dejar que las provincias manejen su agua? esto no es un ataque al IANIGLA”