Le ordenan a un juez de Comodoro Py resolver el pedido de extradición de Nicolás Maduro a la Argentina
La Cámara Federal Porteña le pidió al magistrado Sebastián Ramos pronunciarse sobre el reclamo de la fiscalía y la querella para traer al mandatario venezolano al país, donde está acusado por delitos de lesa humanidad.
Tras despejar la discusión sobre la competencia argentina, la Cámara Criminal y Correccional Federal determinó que están dadas las condiciones para que el juez Sebastián Ramos se pronuncie sobre el pedido de extradición del presidente venezolano Nicolás Maduro formulado por el Foro Argentino por la Democracia, la querella que representa a víctimas de violaciones a los derechos humanos residentes en Argentina y el fiscal Carlos Stornelli.
Ambas partes acusadoras apelaron la decisión del juez Ramos que a principio de año respondió los reclamos de extradición con un “tenido presente”, sin avanzar en su trámite formal. El magistrado había justificado su postura tras argumentar que todavía estaba en debate si la Justicia argentina era competente para intervenir en el caso. Sin embargo, dicha cuestión quedó zanjada el 7 de enero, cuando la propia Cámara confirmó el rechazo de los planteos de nulidad que cuestionaban su intervención en el expediente .
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Ante ello, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi señalaron que “el juez de grado se encuentra en condiciones de brindar una respuesta sustancial” sobre la solicitud de extradición, ya que se superó el obstáculo que, según sus propios términos, impedía avanzar en el proceso.
En ese marco, Bruglia y Bertuzzi suspendieron el trámite de la apelación y encomendaron a Ramos para que se expida directamente sobre el fondo del pedido formulado por los acusadores. Cabe destacar que la decisión de la Cámara, por el momento, no avala el pedido de extradición, mas sí despeja el camino para que el juez se pronuncie sin excusas procesales.
La orden de captura internacional sobre Nicolás Maduro fue dictada en 2024, luego de que el mismo tribunal de alzada instruyera al juez a adoptar medidas para asegurar la comparecencia de los imputados ante la justicia argentina.
Además de Maduro, también pesan pedidos de captura sobre el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y otras 15 personas, militares en su mayoría. Todos están acusados de integrar un plan sistemático de persecución contra la población civil venezolana desde al menos 2014.
Los camaristas remarcaron que los hechos investigados presentan una gravedad extrema y afectan derechos humanos fundamentales, lo que habilita la intervención de la Justicia argentina bajo el principio de protección universal. No obstante, aclararon que esta competencia podría revisarse si la Corte Penal Internacional avanzara en procesos sobre los mismos hechos, para evitar una doble persecución penal.