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La oposición suma nuevos amparos contra la reforma de la SIDE y el Gobierno se prepara para apelar

Un grupo de dirigentes, que surgieron en el radicalismo, pidieron en la Justicia que se suspenda la aplicación del DNU. La Casa Rosada se muestra reticente a cambiar el decreto.


La oposición acumula denuncias contra el Gobierno por el reciente DNU941/2025 que reforma la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amplía sus facultades, al punto de poder aprehender personas.

Tras la presentación en la Justicia realizada ayer por los diputados Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón y Mónica Frade, se le sumó este martes un grupo de abogados y dirigentes de origen radical, aunque muchos de ellos hoy vinculados con el kirchnerismo.

Se trata de una denuncia radicada por la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, y que cuenta con la firma de Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Luis Alberto Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santín y Ricardo Terrile. Presentaron una medida cautelar para suspender los efectos de la medida aludiendo a que “arrasa con el plexo de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional”.

Para este conjunto de radicales, no existe “necesidad y urgencia” para que el Ejecutivo disponga de este decreto y no presente un proyecto en el Congreso que trate estas modificaciones a la Ley Nacional de Inteligencia.

A su vez, indicaron que la medida crea un sistema de inteligencia basado en “influencia” o “injerencia”, y remarcan que se dispondrá una “vigilancia estatal” sin control judicial previo.

“Lesionan de manera actual e inminente derechos y garantías fundamentales de la totalidad de la ciudadanía, entre ellos el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la protección de datos personales, a la libertad de expresión, de asociación, de participación política y de peticionar a las autoridades”, comentaron.

“A través de una arquitectura legal deliberadamente opaca, el decreto impugnado diluye los límites establecidos por la normativa vigente en torno a la prohibición del espionaje interno, la recolección de datos sin orden judicial y la vigilancia ideológica o política. Se institucionaliza un régimen de inteligencia que habilita el monitoreo de la ciudadanía no ya en función de hechos ilícitos concretos y verificables, sino sobre la base de criterios amplios e indeterminados de oportunidad política, conveniencia estratégica o prevención difusa, incompatibles con un Estado constitucional de derecho”, señalaron los abogados.

Finalmente, los dirigentes anunciaron la reserva de recurrir a la Corte Suprema mediante el mecanismo del per saltum, bajo el fundamento de “la gravedad institucional” y por considerarse de una reforma de naturaleza “estructural”.

Qué opina el Gobierno sobre los amparos contra la reforma de la SIDE

El Ejecutivo es consciente que la oposición promoverá varias presentaciones judiciales para frenar el DNU y anticipa que apelará cada una de esas denuncias.

En diálogo con MDZ, fuentes oficiales cercanas a Javier Milei creen que la Justicia no dará lugar con las cautelares y seguirá vigente la reforma en la SIDE. Argumentan su seguridad creyendo que la oposición no podrá acreditar “ningún daño” por el DNU, a partir de la reciente disposición, que, más allá de lo administrativo, no entró en vigencia en la práctica.

Uno de los ejes del DNU es la redefinición del carácter de las tareas de inteligencia, que pasan a ser consideradas, de manera general, como actividades “encubiertas”. El criterio se apoya en la sensibilidad de la información que manejan estos organismos y en la necesidad de reducir lo que el decreto denomina “riesgo estratégico nacional”, lo que implica un giro conceptual en el funcionamiento del sistema.

En ese marco, la normativa habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en situaciones de flagrancia, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad correspondientes. Esa facultad también podrá ejercerse cuando exista una orden judicial previa.

Horas después de la publicación del extenso decreto de Javier Milei que reformó la Ley de Inteligencia Nacional, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) defendió la medida y explicó los principales puntos del DNU. Según el organismo que conduce Cristian Auguadra, la iniciativa busca que el país "cuente con un Sistema de Inteligencia Nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos".

"El objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafios del siglo XXI", explicó el comunicado.