La "mala nota" y un festejo errado: cuando la política le da la espalda a los jóvenes
En un mismo momento se informó la caída en la calidad educativa y se "celebró" la detención de un adolescente de 14 años, una combinación de abandono y demagogia. Qué dicen los datos.
Hubo una paradoja que generó un sacudón y que pone en superficie algunas debilidades discursivas y políticas de la provincia. Casi en simultáneo se conocieron los resultados de las pruebas PISA, que marcan un deterioro en la calidad educativa de Mendoza y todo el país. En simultáneo, el gobernador Alfredo Cornejo anunciaba con tono celebratorio que en Mendoza se había detenido al primer adolescente de 14 años en el marco de la entrada en vigencia de la nueva Ley Penal Juvenil que bajó la edad de imputabilidad.
El contraste es doloroso y lamentable: porque los adolescentes de hoy no reciben la educación que necesitan y la respuesta discursiva a problemas profundos es la promoción de la detención, con un sesgo demagógico que no tiene que ver con la realidad. El Gobernador se dejó tentar por esa tendencia y la idea de que, de manera epidérmica, la sociedad es propensa a que haya “mano dura” con los adolescentes y lo hizo aún yendo a contramano de lo que piensa y ejecuta en Mendoza y lo que dice la propia ley que entró en vigencia. Cornejo mismo gestiona a contramano de lo que dice.
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Al coro demagógico se sumaron otros actores de la política virtual, como Luis Petri, legislador que tiene en su haber una importante cantidad de proyectos de ley desde hace más de 2 décadas, todos relacionados con el aumento del punitivismo y que busca tener su primera experiencia ejecutiva nada más y nada menos que como Gobernador de Mendoza. Todos espetando respuestas para problemas que no existen en esa magnitud. En Argentina y particularmente en Mendoza los niños y adolescentes son mucho más víctimas de violencia, inseguridad y, sobre todo, desigualdad, que victimarios. Puede sonar redundante recordar la situación de vulnerabilidad social y educativa de los sectores de menores ingresos. Pero para tomar los datos extremos, es decir los adolescentes en conflicto con la ley, el año pasado hubo menos de 30 adolescentes de entre 14 y 16 años que cometieron algún delito. El “COSE”, es decir la cárcel de menores de edad de Mendoza, tiene menos de 50 adolescentes privados de la libertad.
Mendoza tuvo una etapa de mano dura respecto a la persecución de jóvenes. Fue en una época violenta, entre el final del menemismo y los desbordes por la crisis del 2001. La provincia fue sancionada internacionalmente por condenar a tres menores de edad a prisión perpetua y generó un repudio generalizado porque hubo razias: niños y adolescentes que vivían en la calle y mendigaban terminaron en comisarías e incluso en calabozos. Esa situación generó más violencia aún. La sanción de la ley 26.061 que ponderó la defensa de los derechos del niño cambió el paradigma y aunque hubo matices e impactos por malas políticas, crisis y aumento del deterioro en muchas comunidades, la violencia generada por adolescentes mermó. Se sumó, por ejemplo, la obligatoriedad del secundario, la responsabilidad del Poder Ejecutivo en la tutela de los derechos mínimos y otras obligaciones.
La ley que entró en vigencia, incluso, no se corresponde con lo que pregonan sus promotores. Es una norma mucho más ajustada al “garantismo” que al punitivismo que se lee en los mensajes de X: la privación de la libertad es una medida excepcional, las condenas tienen límites y el Estado está obligado a generar medidas alternativas y de respuesta a las necesidades. Impone, así, obligaciones que pueden incomodar a los gobiernos porque ponen de relieve la falta de atención hacia la “minoridad”, valga el término en la acepción que más representa el interés político real sobre el tema. De nuevo: los niños son los que más sufren la pobreza, la desocupación entre los jóvenes duplica a la general y, en lo conceptual, los adolescentes suelen ser más señalados con el dedo que escuchados.
Dos frases engloban el discurso y que son falaces. “Delito de adulto, pena de adulto”, dice la primera. Ni la ley lo indica, ni tampoco lo “piden” las estadísticas. La otra frase gancho es “el que las hace, las paga” y allí está el sesgo más curioso. En Mendoza no ocurre ni para ponerle una multa a un funcionario que excede la velocidad, ni para un alto dirigente al que no puede justificar su patrimonio ni en la DDJJ presentada oficialmente y ni siquiera es objeto de cuestionamiento administrativo. Entrar en detalles haría caer en la misma demagogia que se acusa, claro.
Los niños y adolescentes son víctimas, antes que victimarios. Por eso hay más de 600 en hogares por vivir situaciones de violencia o problemas económicos, sin que estén registrados los que salen de la custodia oficial. En casos extremos, como las muertes, la proporción más grande tiene que ver con factores externos. Es decir accidentes, homicidios o suicidios.
El 30,9% de las muertes de menores de 20 años fueron por causas externas. En el caso de los adolescentes esa proporción es mayor: entre las personas de 15 a 19 años, 6 de cada 10 adolescentes que murieron en Mendoza en 2025 sufrieron alguna causa externa. Es decir, no medió ninguna enfermedad. En el mismo período hubo 6 homicidios cometidos contra adolescentes y 16 se quitaron la vida.
De educación
Los resultados educativos están mal leídos, pues, como se ha dicho en otras oportunidades, no es una “mala nota” a cada alumno que rindió los exámenes PISA (que en la práctica tienen menos rigor que con el que se leen), sino el resultado del abordaje de una sociedad. Más aún en un proceso que, como nunca antes, está en tensión por la explosión tecnológica que es difícil de abordar, el aumento de la desigualdad y, entre otras cosas, la desmotivación desde el poder de la educación como factor de cambio.
Argentina supo ser un ejemplo de impulso a la educación pública en todos los niveles y ahora, como dicen algunos analistas, se “promueve el retroceso hacia Chile”. Lo dicen para graficar cómo hay dirigentes políticos que ponen como ejemplo lo que ocurría en el país trasandino hacia algunas décadas ponderando el resultado macroeconómico por sobre la desigualdad que había (y que se redujo).
Según la organización Argentinos por la Educación, la inversión en educación va en caída. “La inversión nacional en educación pasó de un máximo de 1,59% del PIB en 2015 a una reducción sostenida en los años siguientes: fue de 0,86% en 2024, y las estimaciones para 2025 (0,73%) y 2026 (0,75%) confirman la tendencia descendente”, explican. Claro que la Nación tiene a su cargo solo un cuarto de la inversión nacional en educación, pues las provincias tienen la mayor responsabilidad. De hecho la educación inicial, primaria, secundaria y terciaria no universitaria se financia con el presupuesto provincial. Mucho más desde la llegada de Javier Milei a la presidencia por el abandono de los programas específicos. La misma organización marcó que la inversión en educación cayó en todas las provincias tomando el corte de la década 2014 – 2024. En Mendoza la inversión en el área cayó 11,9% y el salario docente 23,6% en ese período. El último año hubo una recuperación, pero sin que equiparara el deterioro previo, según el análisis de Argentinos por la Educación.
Las pruebas PISA marcan un deterioro, pero en las evaluaciones Aprender Mendoza tuvo señales positivas en un área en la que, con matices, hay una política de Estado. Es lo que ocurrió con alfabetización y lectura. En esas áreas hubo mejoras sensibles y ahora buscan ejecutar algo similar en lengua, aún a contramano de lo que “desalienta” la Nación.
El abordaje de la niñez y la adolescencia desde el sistema educativo ha sumado complejidades enormes. La tecnología se suma como elemento de discusión y mientras se desalienta el uso del teléfono por las "distracciones que generan" también es el único periférico que permite acceder a información para muchos niños. La escuela, se dice, no tiene que hacerse cargo de los problemas extraeducativos, pero para muchos niños el aula es el único sitio donde los cuidan y hasta donde acceden a la principal comida del día. El cambio demográfico hará que ya no se necesitan "más edificios", sino mejores instrumentos y ubicados en otros sitios o, como ocurre, quizá haya menos escuelas secundarias y más salas de 3.
Esas "revoluciones" (la tecnológica, la demográfica) y la involución en recursos fuera de la escuela van más rápido que la capacidad de respuesta. Necesitan, a nivel de decisiones, cerebros que piensen y ejecuten con más celeridad que los discursos con los que se expresan.