La Libertad Avanza oficializó el pedido de juicio político contra la jueza que suspendió la reforma penal juvenil
Alejandro Carrancio presentó la denuncia contra Marta Elba Pascual y cuestionó que su decisión tuviera alcance sobre todo el territorio bonaerense.
La jueza Marta Elba Pascual suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
XLa Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires formalizó el pedido de juicio político contra Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La presentación fue realizada por Alejandro Carrancio, diputado nacional y vicepresidente de La Libertad Avanza bonaerense, quien cuestionó que la magistrada suspendiera la aplicación de la Ley nacional 27.801, correspondiente a la reforma penal juvenil, en toda la Provincia.
El escrito sostiene que la decisión de Pascual excedió un caso concreto y tuvo efectos generales sobre el territorio bonaerense. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó posteriormente la medida. La presentación solicita que el Jurado de Enjuiciamiento analice la conducta de la jueza y evalúe su apartamiento preventivo mientras avance el proceso.
El comunicado oficial
El planteo de La Libertad Avanza también pone el foco en el alcance de la resolución judicial y en las circunstancias que rodearon su dictado. La denuncia cuestiona que una situación vinculada principalmente con el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora haya derivado en una medida con efectos sobre toda la provincia, mientras todavía quedaban cuestiones pendientes respecto de la competencia de la magistrada para continuar interviniendo.
En ese punto, el escrito incorpora la resolución posterior de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, que revocó la medida adoptada por Pascual. Según sostiene la presentación, el tribunal consideró que una suspensión general de una ley sancionada por el Congreso afecta la división de poderes.
El planteo libertario lleva la discusión al plano institucional y sostiene que los jueces deben ejercer el control de las normas dentro de las facultades que les corresponden. Desde esa perspectiva, cuestiona que una decisión judicial pueda bloquear con alcance general una disposición aprobada por el Poder Legislativo.
La denuncia también sostiene que la magistrada tomó una medida de alcance provincial antes de contar con toda la información necesaria para justificar una decisión de esa magnitud. Ese punto forma parte de los argumentos que ahora deberá analizar el Jurado de Enjuiciamiento. La presentación solicita que ese organismo evalúe la conducta de Pascual y determine si corresponde avanzar con el proceso de enjuiciamiento. Además, pide que se analice su apartamiento preventivo mientras se sustancia el procedimiento.
El marco del pedido
El conflicto en torno a Marta Elba Pascual comenzó el 7 de septiembre, cuando la jueza suspendió durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en toda la provincia de Buenos Aires. La medida surgió a partir de un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por una asociación civil que había advertido sobre las condiciones de los centros donde permanecen adolescentes privados de libertad.
Pascual sostuvo que la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que amplía el alcance del sistema a adolescentes de 14 y 15 años, podía agravar una situación que ya presentaba problemas de infraestructura, alimentación, acceso al agua potable, educación, formación profesional y hacinamiento. La Fiscalía apeló la decisión y cuestionó que la suspensión de una ley nacional se basara en una eventual afectación futura de derechos.
El 15 de septiembre, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la cautelar y dejó nuevamente habilitada la aplicación de la Ley 27.801. Los camaristas consideraron que un tribunal no puede suspender con alcance general una norma sancionada por el Congreso y señalaron que, ante situaciones concretas, los jueces sí pueden intervenir para proteger los derechos de los adolescentes privados de libertad.
