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Habló la jueza que frenó el Régimen Penal Juvenil: "Esta ley no va a generar más seguridad"

Marta Elba Pascual exigió que se coordinen recursos e infraestructura para cumplir la norma: “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”.

Jueza penal juvenil Marta Elba Pascual

Jueza penal juvenil Marta Elba Pascual

La jueza Marta Elba Pascual justificó la decisión de suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia. La magistrada cuestionó la falta de infraestructura y recursos para implementar la normativa y aseguró que le parece “pésimo” que haya menores de 18 años tras las rejas. “No romantizo con los chicos que salen con un arma”, aclaró, aunque planteó reparos sobre las condiciones de encierro. Por ello, se suspende su aplicación para revisar mecanismos.

¿La nueva ley garantiza mayor seguridad?

Pascual sostuvo además que la nueva legislación no permitirá mejorar los niveles de seguridad. “Me parece pésimo que haya como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy del Conurbano y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que también busca vivir en una provincia segura: “Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”.

El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir a nivel nacional y establece, entre otros cambios, la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La Ley 27.801 permite procesar penalmente a adolescentes de esa franja etaria por delitos contemplados en el Código Penal. En Buenos Aires, sin embargo, Pascual hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo y dispuso la suspensión de la aplicación de la normativa durante 60 días.

Uno de los principales argumentos de la magistrada está relacionado con las condiciones en las que los adolescentes cumplirían las medidas previstas por la nueva legislación. “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, sostuvo. Pascual advirtió que, bajo esas condiciones, el encierro puede potenciar la agresividad en lugar de generar una respuesta que permita la reinserción.

La jueza aclaró que su planteo no implica rechazar la reducción de la edad de imputabilidad. Su preocupación está vinculada con la capacidad del sistema bonaerense para aplicar la norma y con las condiciones de los centros de detención. “Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, explicó durante una entrevista.

Patricia Bullrich cuestiona la decisión judicial

La decisión generó una respuesta inmediata de Patricia Bullrich, una de las impulsoras de la nueva legislación. La senadora cuestionó a la Justicia bonaerense y al gobernador Axel Kicillof. “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, sostuvo. También calificó a la Justicia provincial de “garantista” y afirmó que deja libres a quienes cometen delitos.

Luis Petri también cuestionó el fallo de Pascual y apuntó contra la Justicia bonaerense. “El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la Provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo”, escribió el diputado nacional. Además, sostuvo que la ley fue aprobada “para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores” y afirmó que “no hay excusa para no aplicarla”.

Pascual, por su parte, defendió su decisión y planteó que durante los 60 días de suspensión deben definirse los recursos necesarios para aplicar la normativa. “Lo que pido es que nos pongamos todos de acuerdo”, señaló, al reclamar que se establezca quién supervisará a cada joven, con qué recursos contarán los centros de detención y cómo se implementarán las medidas alternativas. El objetivo, según la jueza, es evitar que la aplicación del nuevo régimen quede limitada al encierro.