La ley de Mendoza que buscarán emular en el Congreso y que responsabiliza a funcionarios

La diputada nacional libertaria, Mercedes Llano, presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca establecer la responsabilidad solidaria de los funcionarios públicos en casos de negligencia, demora irrazonable o impericia en el ejercicio de sus funciones dentro de la administración pública, con multas que deberán costear con su propio patrimonio.

La iniciativa es similar a la que se aprobó en Mendoza y que fue presentada en su momento por Armando Magistretti, del Partido Demócrata, mismo espacio político que Llano.

La iniciativa propone modificar la Ley de Procedimientos Administrativos (19.549) para que aquellos funcionarios que incurran en demoras injustificadas u omisiones puedan ser sancionados no solo en el plano disciplinario, sino también hacerse responsables en forma solidaria del pago de costas y honorarios judiciales cuando el Estado sea condenado en causas de amparo por mora o denegación tácita.

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“El ciudadano no puede seguir pagando los costos de la ineficiencia de los funcionarios. Este proyecto busca terminar con la cultura de la impunidad en la administración pública”, señalaron los fundamentos del texto, impulsado por Llano y acompañado por legisladores de La Libertad Avanza, como Lilia Lemoine, Carlos Zapata, Álvaro Martínez y Martín Menem.

La propuesta introduce tres reformas centrales:

• Reforma del artículo 3 de la Ley 19.549: la negligencia, impericia u omisión en el ejercicio de la función pública será considerada falta disciplinaria reprimible, con sanciones administrativas y eventuales responsabilidades civil, penal y política.

• Nuevo artículo 24 bis: en juicios por denegación tácita, los tribunales deberán identificar al funcionario negligente y este responderá solidariamente con el Estado por costas y honorarios si la demanda prospera.

• Nuevo artículo 28 bis: en los casos de amparo por mora, el funcionario responsable también será condenado de manera solidaria junto con el Estado.

Llano explicó que la reforma busca “moralizar y profesionalizar la función pública” y que “el Estado deje de ser un escudo para la irresponsabilidad individual”. Según la diputada, hoy los costos recaen sobre las arcas públicas y no sobre quienes incumplen con su deber, lo que genera un incentivo negativo para la gestión eficiente.

La ley que ya rige en Mendoza

Como se mencionó, el proyecto se inspiró en antecedentes normativos de Mendoza, donde ya existen disposiciones similares en materia de responsabilidad de los funcionarios.

La ley regula una práctica reiterada en el funcionamiento de la administración pública: la denominada “denegación tácita”, es decir, el silencio del Estado frente a un reclamo administrativo.

En los fundamentos, el legislador demócrata señala que la Ley 3918 ya contempla en su artículo 38 la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resuelva sobre la admisión formal de una acción procesal, sea por una resolución definitiva o por denegación tácita. Sin embargo, el nuevo artículo 38 bis avanza un paso más al establecer consecuencias concretas cuando esa admisión se da por silencio administrativo.

De acuerdo al texto aprobado, cuando la Corte admita una acción por denegación tácita –contemplada en el artículo 6° de la ley–, deberá identificar en el auto de admisión formal al agente o funcionario responsable de la mora administrativa, requiriendo al organismo demandado que aplique lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 9003, que prevé sanciones disciplinarias para casos de negligencia.

Según el autor del proyecto, la denegación tácita no solo vulnera el derecho de defensa de los ciudadanos, sino que también genera indefensión y puede evitarse si los funcionarios actúan con la debida diligencia. En este sentido, la norma busca evitar “chicanas burocráticas” y avanzar hacia una administración pública más transparente, eficiente y responsable.