La Justicia suspendió los cambios del Gobierno al INTI y frenó la motosierra

La Justicia Federal volvió a fallar contra el Gobierno de Javier Milei, esta vez para frenar los cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que había ordenado la administración libertaria para transformar el organismo descentralizado en un ente sin autonomía.

Revés judicial para el Gobierno

Así lo dispuso la decisión del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2 que conduce Martina Isabel Forns, el cual dio lugar a una cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en medio de las protestas que lideró el sindicato contra la medida en las puertas del organismo.

"La Justicia volvió a dar la razón a ATE y frena el cierre del INTI", publicó en sus redes el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, y sentenció: "Presidente Javier Milei, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va poder".

Luego, Aguiar apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federio Sturzenegger, a quien chicaneó: "Te digo que son bastante inútiles, ni las facultades delegadas supieron utilizar". "Uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos. Luchar sirve. El Inti no se toca", proclamó el sindicalista.

En su decisión, la magistrada hizo lugar parcialmente a la medida cautelar de ATE y ordenó al Ejecutivo "abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del decreto 462/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)". Dicha suspensión se mantendrá vigente por el plazo de 6 meses.

El reclamo de ATE

El gremio que nuclea a los trabajadores del Estado había presentado una cautelar contra el decreto 462/2025 del Gobierno para solicitar la delcaración de nulidad e inconstitucionalidad de los cambios que la gestión de Javier Milei había impuesto sobre el INTI, con el argumento de que se trataba de "una desviación de poder que ocultaría una disolución, desfederalización, y vaciamiento" del organismo.

En dicho decreto, el Ejecutivo había determinado transformar al INTI "en una unidad organizativa" que mantendría su denominación para preservar "su reconocimiento internacional y garantizar la continuidad de su identificación en el ámbito del Sistema Nacional de la Calidad". Sin embargo, perdería su carácter de organismo descentralizado para pasar a ser una dirección dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía.

Esto significaría la eliminación de su autonomía y autarquía financiera, además de la pérdida de su carácter federal, con la eliminación o absorción por parte de las provincias de las oficinas que el INTI posee a lo largo del país.

Los argumentos de la jueza

El argumento del Gobierno es que la medida "permitirá unificar las políticas públicas vinculadas al desarrollo industrial bajo una única conducción estratégica y mejorar la trazabilidad de los instrumentos estatales". Sin embargo, muchos de los aproximadamente 400 empleados que posee el organismo se organizaron a fines de junio para rechazar el avance que, entre otros cambios, implicaba despidos de personal.

Por eso, la jueza Forns aseguró que el Estado no debe "alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por la norma colectiva".

A su vez, también remarcó que el decreto "vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales al sustraerlos del ámbito de protección de las Convenciones Colectivas de Trabajo, y al interferir arbitrariamente en cuestiones que deben resolverse en el marco de la negociación colectiva y de los regímenes estatutarios respectivos".