La Justicia avanza y la AFA responde con un paro total: cuál es la postura del Gobierno

El paro del fútbol argentino irrumpió en la agenda pública y puso bajo una luz política una investigación penal que hasta ahora avanzaba sin estridencias. La decisión de frenar la fecha 9 y el resto de las categorías se conoció poco después de que el juez en lo penal económico Diego Amarante resolviera citar a indagatoria al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presuntas irregularidades tributarias.

El expediente se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que encuadró los hechos en el Régimen Penal Tributario (Ley 27.430). La hipótesis bajo análisis no apunta a una deuda común, sino a la posible retención de impuestos y aportes previsionales que no habrían sido depositados dentro del plazo legal. La ley establece que, si transcurren 30 días corridos desde el vencimiento sin que se ingresen las sumas retenidas, puede configurarse el delito de apropiación indebida de tributos o de recursos de la seguridad social, figuras que contemplan penas de dos a seis años de prisión.

Según la reconstrucción presentada en la causa, la conducta investigada se habría extendido durante 19 meses consecutivos, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. En ese período se identificaron 69 hechos independientes —cada mes y cada obligación omitida constituye un hecho autónomo— y un monto total denunciado que supera los 19 mil millones de pesos. Los cuadros incorporados al expediente detallan fechas de vencimiento, montos retenidos, fechas de pago y días de demora, con registros que en algunos casos alcanzarían los 149 días y en otros superarían ampliamente el umbral penal de 30 días.

Para los denunciantes, el eje técnico es claro: lo relevante no es si el dinero fue finalmente abonado, sino cuándo se hizo. En este tipo de figuras, el pago posterior no necesariamente extingue la responsabilidad penal si la omisión ya se consumó al vencer el plazo. Además, la acusación subraya que los fondos retenidos no pertenecían a la entidad, sino a terceros, lo que otorga mayor gravedad a la eventual utilización de esos recursos fuera de término.

Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Desde la AFA sostienen una posición distinta. En un comunicado oficial, la entidad afirmó que no mantiene deuda exigible por los conceptos incluidos en la denuncia y que los pagos fueron realizados antes de los vencimientos. También cuestionó el encuadre jurídico y señaló que el planteo ya fue llevado ante instancias superiores. Sin embargo, la documentación incorporada por ARCA reflejaría demoras que exceden los plazos establecidos por la ley penal tributaria.

La decisión de convocar a indagatoria no implica una sentencia, pero sí marca un avance procesal significativo: el magistrado entendió que existen elementos suficientes para escuchar a los imputados y garantizar su derecho de defensa. Ese paso fue leído en el ámbito futbolístico como un punto de inflexión y derivó en la medida de fuerza que suspendió la competencia.

En el plano político, según consignó Infobae, el Gobierno por el momento optó por no intervenir. No hubo comunicados ni declaraciones públicas. La postura oficial fue dejar que el asunto se dirima exclusivamente en los tribunales, evitando que el conflicto derive en una confrontación directa con la conducción del fútbol argentino. Puertas adentro, interpretan que el paro buscó trasladar la discusión del terreno técnico-judicial al campo de la disputa política.

Así, el conflicto se despliega en dos dimensiones paralelas. Por un lado, una causa sustentada en fechas, montos y plazos legales; por otro, una reacción institucional que denuncia persecución y apela a una medida de alto impacto público. Mientras la actividad deportiva permanece en pausa, el expediente continúa su recorrido en la Justicia, donde la discusión no gira en torno a comunicados ni posicionamientos, sino a vencimientos, constancias de pago y responsabilidades individuales.