La Justicia avanza en la causa por presunto ataque de tuiteros libertarios contra Victoria Villarruel

El juez federal Sebastián Casanello lleva adelante una investigación por una serie de ataques en redes sociales dirigidos contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y ordenó a la División de Ciberpatrullaje de la Policía Federal que analice las publicaciones denunciadas para establecer si existió una acción coordinada de un grupo de tuiteros libertarios.

La primera denuncia fue presentada el 4 de agosto del año pasado. En ese escrito, Villarruel, con quien no tiene ningún tipo de vínculo hace dos años con el presidente, apuntó contra la diputada nacional Lilia Lemoine, el escritor Nicolás Márquez —biógrafo de Javier Milei — y varias cuentas de la red social X, entre ellas @El_Pubertario y @ElTrumpista. Según sostuvo, se trató de mensajes reiterados y organizados que buscaban “incitar al odio” contra su figura de manera persistente.

En una ampliación posterior, la exdiputada incorporó a otro usuario, @Matteo12, por una publicación que la aludía de forma directa y contenía la frase “Va a aparecer muerta”, lo que elevó la gravedad del caso.

En los últimos días, Villarruel volvió a referirse públicamente al tema y lo hizo desde sus propias redes sociales. Allí compartió un mensaje de una usuaria que cuestionaba la naturalización de la violencia verbal contra la vicepresidenta y señalaba la falta de reacción de funcionarios nacionales, incluida la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “Es gravísimo que se haya naturalizado amenazar de muerte a la Vicepresidente. Algún día tienen que actuar”, afirmaba el posteo.

La causa se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo de Casanello, quien ahora instruyó formalmente a la Policía Federal para que investigue el origen y la dinámica de las cuentas denunciadas. El objetivo es determinar si existió coordinación entre los usuarios y quiénes están detrás de los perfiles.

Según surge del expediente, la investigación deberá orientarse a identificar a las personas que manejan las cuentas de X, establecer posibles vínculos entre ellas y relevar datos técnicos como domicilios y direcciones IP desde las que se realizaron las publicaciones.

El magistrado también dejó sin efecto un criterio previo del fiscal Franco Picardi, quien había propuesto dividir los mensajes denunciados en distintas categorías: amenazas públicas, calumnias e injurias —estas últimas consideradas delitos de acción privada— y expresiones que, si bien resultaban repudiables, no configuraban delito.

Casanello consideró que esa segmentación podía diluir la gravedad del caso y ordenó que todos los hechos sean examinados en conjunto.

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