Los intendentes del PJ se resisten a un fallo plenario

Uno de los abogados de Gimenez, Righi, Félix y Aveiro consideró que sería "una locura" resolver por esa vía la medida cautelar que han elevado a la Corte para obtener el permiso de participar en las próximas elecciones. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, que es consciente de que podría perder el pleito si se define en la Sala Segunda, sostiene que es "una posibilidad" acudir al pleno. Máxima tensión en la previa al acto de inicio del año judicial. 

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Emir Félix, intendente de San Rafael, uno de los que buscan otro mandato.

La defensa de los intendentes peronistas que buscan un mandato más reaccionó ante la posibilidad de que el conflicto judicial con el Gobierno se resuelva por la vía de un plenario de la Corte.

"La Corte sólo llama a plenario cuando quiere que la decisión tenga carácter obligatorio para los tribunales inferiores", afirmó el abogado José Luis Correa. Y puso como ejemplo el caso de la minería, en la que se discutía la constitucionalidad de la ley 7722: los siete miembros del alto tribunal resolvieron ese caso.

Correa señaló que, en cambio, una medida cautelar no es definitiva y tiene que definirse en la sala donde se instala el conflicto. "Es una medida precautoria y provisoria. Pueden cambiar las circunstancias y la Corte revocarla. Es una locura pedir plenario para una cautelar", agregó.

La reacción se originó en declaraciones del subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, quien afirmó a Radio Andina "a título personal" que el plenario podría ser una "posibilidad".

En cambio, que los tres jueces de la Sala Segunda definan la cautelar de los intendentes, los acerca a la chance de que se frene la promulgación de la enmienda del artículo 198 de la Constitución provincial.

Este parate, aunque no sea definitivo, les permitiría anotarse a comienzos de marzo en la pelea por otro mandato, independientemente de cómo se resuelva la cuestión de fondo más adelante.

Que el trámite jurídico se complete por las vías "normales" le conviene al peronismo, que imagina un fallo de Sala Segunda que ganaría por 2 a 1. Según los cálculos de la defensa de los intendentes, esa sentencia no podría demorar más allá del miércoles 27.

Antes deberá resolverse la recusación de Mario Adaro, uno de los integrantes que podría votar en contra del Gobierno. Pero en el caso de que salga Adaro del tribunal, entraría el ministro Julio Gómez, quien, a priori, podría expresarse en el mismo sentido que el anterior.

"La sala tiene que poner los huevos y resolver la cautelar", clamaron voceros afines al peronismo, con un creciente temor de que la Corte pueda tomar una decisión con menos apego al manual de procedimientos judiciales que a su carácter de órgano político.

El justicialismo, por otra parte, vio fortalecidas sus chances gracias a un dictamen del fiscal de Estado, Fernando Simón, quien entre otras cosas advirtió sobre el riesgo de que el fallo sobre la medida cautelar del PJ genere un "daño irreparable" y señaló que el sistema de control de constitucionalidad es "atribución propia del Poder Judicial".

El Gobierno notó que todas las consideraciones de Simón jugaban exclusivamente a favor de los intendentes peronistas y salió a pegarle con todo. Acusó al fiscal de Estado de "trabajar para el justicialismo" y abrió el archivo para destacar que Simón, cuando era legislador del PJ, proponía la promulgación de la enmienda del artículo 198 y estaba a favor de una sola reelección para los intendentes.

Aunque el dictamen de Simón no es vinculante, muchos entendieron ayer que puede ser premonitorio. Por eso surgió la posibilidad de que el Ejecutivo busque para la cautelar la votación de los siete miembros de la Corte, con la esperanza de cambiar el sentido del fallo.

Si así fuera, no correrían las recusaciones contra Adaro y Dalmiro Garay y ambos ministros podrían votar.

"Eso viene en cualquier momento", adelantaron este martes desde el alto tribunal, sobre el pedido de plenario del Gobierno. Justamente este miércoles, el gobernador Cornejo será uno de los protagonistas del acto de apertura del año judicial, junto al presidente de la Corte, Jorge Nanclares.

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