La defensa de Cristina Fernández de Kirchner busca revisar su condena con un informe que pone bajo la lupa el reparto de fondos de Vialidad
La defensa sostiene que las obras vinculadas a Lázaro Báez recibieron menos del 1% de los recursos analizados entre 2009 y 2015.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó un informe económico para cuestionar una parte del razonamiento que sostiene su condena en la Causa Vialidad. El estudio fue realizado por especialistas brasileños y revisó cómo se repartió el dinero destinado a obras viales durante seis años. Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego sostienen que los resultados permiten mirar de otra manera la relación entre el Estado, las empresas constructoras y las obras vinculadas con Lázaro Báez.
Los especialistas no analizaron solamente cuánto dinero recibió el empresario santacruceño, sino todo el universo de fondos que pasó por la Fuente 14 del Presupuesto Nacional entre 2009 y 2015. El trabajo contabilizó 367 obras, 114 empresas constructoras y 3.855 certificados de pago, con desembolsos por unos US$2.200 millones.
La defensa busca que esos números sirvan como contexto para discutir una pregunta que considera central en el expediente: si hubo un reparto de fondos pensado especialmente para beneficiar a Báez. Los abogados sostienen que para responder esa pregunta también resulta necesario saber cuánto dinero recibió el resto de las empresas y qué proporción ocuparon las obras relacionadas con el Grupo Austral dentro del total.
Qué dice el informe sobre las obras vinculadas a Báez
El estudio realizado por Specs Consultoría identificó 51 obras relacionadas con Vialidad dentro de la documentación analizada. Los especialistas encontraron que 17 de esos trabajos recibieron dinero a través de la Fuente 14. Esas obras estuvieron relacionadas con cuatro empresas del Grupo Austral: Austral Construcciones S.A., Gotti S.A., Sucesión de Adelmo Biancalani y Kank y Costilla S.A.
Las 17 obras vinculadas con Vialidad recibieron US$18,66 millones, frente a los US$2.200 millones distribuidos durante todo el período. La participación de esos trabajos alcanzó así el 0,85% del total de los desembolsos. Los certificados de pago muestran una proporción similar. Las 17 obras reunieron 36 certificados sobre un total de 3.855, por lo que representaron el 0,93% de todos los pagos registrados mediante esa fuente.
El argumento de Beraldi
La explicación de Beraldi parte de una cuestión más amplia sobre cómo se construyó la acusación contra Cristina. El abogado sostiene que al comienzo del juicio se acusó a la expresidenta de integrar una asociación ilícita y de haber utilizado distintas herramientas del Estado para favorecer al grupo empresario de Báez.
La acusación incluía leyes de presupuesto, decretos que modificaban partidas, resoluciones de la Jefatura de Gabinete y decisiones del Ministerio de Planificación. Beraldi sostiene que durante el juicio varios de esos elementos dejaron de sostener la acusación en los términos iniciales y recuerda que Cristina fue absuelta del delito de asociación ilícita.
El abogado sostiene que la condena terminó concentrada en otro punto: los fondos destinados a obras viales a través del fideicomiso SISVIAL y el Decreto 54/2009, firmado durante la presidencia de Cristina. Según la defensa, ese decreto tenía carácter general y asignaba recursos para obras viales, pero no establecía que esos fondos debían terminar en manos de Báez.
Beraldi también cuestionó que el tribunal no produjera una prueba contable que, según la defensa, podía mostrar cómo se distribuyeron esos recursos entre las distintas empresas. El abogado sostuvo que esa prueba podía servir para saber si existió un trato especial hacia un grupo empresario o si los fondos se repartieron entre las distintas compañías que realizaban obras públicas.
La defensa sostiene que los US$18,66 millones recibidos por las 17 obras vinculadas con Vialidad deben analizarse dentro de los US$2.200 millones que fueron desembolsados para 367 obras durante el período estudiado y quieren presentar este material ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como parte de su estrategia para cuestionar la condena.
