La década de Alfredo Cornejo y qué hay en juego detrás de la votación por San Jorge
Alfredo Cornejo cumple una década en el poder. La enorme capacidad de adaptación y la estrategia detrás. Por qué la votación de San Jorge es un hito político.
Alfredo Cornejo duda mucho más de lo que parece. En realidad duda puertas adentro y busca mostrarse implacable tras tomar alguna decisión que, en general, es producto de un análisis previo en el que el resultado es lo más importante. Por eso en la víspera de las elecciones anticipadas de 2015 el entonces intendente de Godoy Cruz demoró más de la cuenta en anunciar que iría por la gobernación de Mendoza sumando detrás suyo a toda la oposición en una alianza ecléctica y extraña de la que hoy solo quedan hilachas: no queda casi ninguno de los aliados originales y tiene enfrente hasta los ambientalistas que fueron parte de su primera gestión. Claro, la alianza Cambia Mendoza se deshizo, pero Cornejo se mantuvo y allí hay una muestra del ejercicio pragmático de la política.
El 9 de diciembre será el “aniversario” de Cornejo, las “bodas de aluminio” diría algún cabulero. Quizá la simbología es precisa, pues se trata de un metal altamente maleable, flexible, adaptable y reciclable. Cornejo lleva dos años en su nuevo gobierno, seis como mandatario y 10 en el poder, con una ratificación legislativa reciente en la que también hay una profunda muestra de la capacidad de adaptación del cornejismo: ante las dificultades para mostrar algo nuevo, evitó enfrentar a Javier Milei y se alió a La Libertad Avanza, generando un nuevo modelo de convivencia política.
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Así, Cornejo logró que “lo viejo funcione” en un contexto adverso para ese tipo de mensajes y estructuras políticas. Para él fue la “década ganada”, para Mendoza un período de enormes transformaciones institucionales y resultados ambiguos para la vida cotidiana. Aún con el enojo de todo el gobierno, la respuesta a si los mendocinos viven mejor es altamente discutible. Cornejo recuperó la autoridad del Poder Ejecutivo, hizo que el Estado funcione y mejore muchos de los servicios sustantivos. Siempre, claro, buscan una comparación a la baja y esos antecedentes casi no se ven por el espejo retrovisor por el tiempo transcurrido. Habrá que ver si la falta de investigaciones judiciales, administrativas por parte de Tribunales, el Tribunal de Cuentas, la Oficina de Ética es por transparencia o por sumisión al estar conducidas por subordinadas a Cornejo; también si la falta de generación de riqueza es por el contexto nacional o por algunas particularidades del microclima: a Mendoza lo eligen más para vivir que para invertir.
Sería poco serio atribuirle a la mala suerte que muchos de los emprendimientos anunciados no se hayan concretado como se prometió. Por eso lo que ocurrirá el martes, con el tratamiento de la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge, es mucho más que un aval a un proyecto minero.
Mucho más que San Jorge
El martes será mucho más que un aniversario. Ese día se votará en el senado el proyecto minero San Jorge. La Declaración de Impacto Ambiental fue aprobada en la Cámara de Diputados y busca el aval definitivo para convertirse en el primer proyecto de explotación de cobre de Mendoza. Sería mucho más que un hecho relacionado con la producción, pues el Gobierno apunta a tener un hito político que superaría sus propias contradicciones: que en Mendoza se pueda hacer minería. Se lograría una alquimia impresionante: el mismo sector político que impulsó la ley 7722, que se opuso fervientemente a San Jorge en 2011 y que agitó la antiminería durante gobiernos peronistas, ahora lograría impulsar esa actividad con el propio San Jorge como mascarón de proa. Cornejo quiere quedar en el bronce como el gobernador que impulsó la minería, el que hizo el nuevo sistema de transporte con el Metrotranvía como eje, por citar algunos ejemplos estructurales. La duda es si el impulso de esos proyectos exceden los personalismos: la historia indica que no es la misma conducta cuando son “otros” los protagonistas de los hechos, pues el propio gobernador se opuso a esos dos temas cuando no era gobernador. El guion no escrito sobre el futuro inmediato de Mendoza es atractivo: cómo actuará Cornejo desde 2027 cuando sea otro el inquilino del Sillón de San Martín y, más atractivo aún, si no es un cornejista obediente.
Pero para hablar del futuro habrá tiempo, pues el presente de Mendoza arde. El Gobierno busca blindar la sesión del martes desde lo físico vallando la legislatura para evitar la experiencia del 2011, cuando terminaron los manifestantes dentro del recinto. Desde lo político los “números están”, aunque con un impacto menor al buscado. En el peronismo mantienen las contradicciones entre el decir y el hacer: apoyan la minería, pero no el “modelo Cornejo” y por eso no le darán más votos. El mismo PJ sufre el rechazo electoral que tuvo en los últimos años y que redunda en el poco peso que tiene para inclinar la balanza.
El modelo minero de Mendoza es sui generis, pues además del cambio de posición del oficialismo también hay matices que son complejos de explicar puertas afuera. Es lo que ocurrió con el Distrito Minero Malargüe, por ejemplo, que fue promovido, financiado e impulsado desde el Estado con la empresa Impulsa Mendoza y con actores que estuvieron de los dos lados del mostrador. La rapidez para registrar y luego negociar propiedades mineras en la zona del Distrito Minero es visto como una picardía de la política del oficialismo, pues hasta se usaron los recursos que el Estado heredó de Vale. Los más beneficiados fueron empresarios que habían estado en Impulsa Mendoza y luego se quedaron con gran cantidad de proyectos dentro del mismo Distrito. Los otros grandes jugadores fueron algunos de los “decanos” de la promoción minera en Mendoza que además de la experiencia como geólogos e impulsores de la actividad hicieron valer en su beneficio el recorrido por la cordillera cuando Fabricaciones Militares encabezaba los planes de exploración minera y se generó la principal base de datos sobre el potencial de Argentina.
La sesión del martes genera expectativa, tensión y teorías conspirativas de todo tipo. Tanto que hasta dentro del propio Gobierno había gente que le aliviaba por la suspensión de actividades masivas para evitar el “agite” antiminero. Se espera que la concentración del martes sea multitudinaria y vendrán desde toda la provincia. Estará a prueba la pericia política y operativa del Gobierno para no interrumpir el derecho a expresarse y manifestarse y también la de los manifestantes para respetar la instancia institucional en la Legislatura sin distorsiones.
El impulso a la minería metalífera tiene al Gobierno nacional como principal promotor y por eso Javier Milei incluyó la modificación de la Ley de Glaciares en la lista de temas para tratar en sesiones extraordinarias. El cambio responde a la presión de empresas y algunas provincias para que se relaje la norma y permitir actividades extractivas en el ambiente periglaciar. En esa intención hay algunas cosas positivas, como que el lobby es explícito y el cambio se buscará a través del Congreso. Aunque no lo dirán, también hay una coincidencia amplia que será silenciada por conveniencia: el kirchnerismo tiene coincidencias originales con la visión de Milei y, de hecho, fue Cristina Fernández de Kirchner quien vetó la primera ley de glaciares. Provincias como San Juan esperan ese cambio para darle aún más garantías y concesiones a las empresas que, como Glencore en Pachón, esperan para avanzar en sus demorados y redundantemente anunciados proyectos de inversión para explotar el cobre de la cordillera. En Mendoza son más cautos, pero de esa modificación dependen muchos de los proyectos de Malargüe, como Cerro Amarillo y los de la segunda etapa del Distrito Minero.
El caso de los glaciares es otro donde las contradicciones quedan expuestas. No fueron las empresas mineras, ni los gobiernos quienes más atacaron a los custodios de esas reservas de agua. Fueron los ambientalistas los que demandaron a los científicos del IANIGLA y la justicia asentada en Buenos Aires los que les generaron un perjuicio enorme a esos profesionales haciéndole lugar a reclamos que rozan lo absurdo: hubo casos de científicos que debían pedir autorización a la justicia para viajar a cumbres mundiales por las denuncias de los ambientalistas.
Los contextos son distintos, pero Cornejo ya avisó que avanzará con San Jorge y la minería más allá de la presión social que pueda haber. Toma como contraejemplo lo que hizo Rodolfo Suarez, que modificó la ley 7722 y luego dio marcha atrás tras los reclamos (con represión incluida). “No hubo una buena estrategia, pero una vez que se tomó la decisión deberían haberse mantenido en la postura y no retroceder”, suelen decir en el cuarto piso de Casa de Gobierno. El proyecto minero pondrá a prueba la capacidad de control y de gestión del Estado en la parte que más puede incomodar: tomar distancia de la empresa y ejecutar el otro rol. La DIA tiene una enorme cantidad de obligaciones para la empresa minera y tras la aprobación de la Legislatura deberá reenfocar el proyecto para cumplir esas exigencias de una veintena de organismos y, sobre todo, ante la expectativa social. Malos ejemplos sobran en el pasado reciente de Mendoza. Pero es la misma provincia que tiene un músculo y una materia gris enorme para superarse: universidades, entidades científicas, organizaciones de la sociedad civil, entidades empresarias y actores sociales relevantes que pueden aportar.