La Corte Suprema dejó firme la condena contra el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri
El máximo tribunal rechazó por inadmisibles los recursos de la defensa del exgobernador de Entre Ríos, condenado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por delitos de corrupción.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión para Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos y exembajador argentino en Israel, por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado. La sentencia también establece su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario presentado por la defensa de Urribarri a través de la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que no los obliga a detallar las razones de su decisión, que alcanza a los demás condenados, con una excepción formal en el caso de Gustavo Tamay.
La condena tiene como origen cinco investigaciones tramitadas en la justicia de Entre Ríos. Según la acusación, durante su gestión como gobernador se utilizaron recursos y contrataciones de publicidad del Estado provincial con fines particulares. En ese esquema quedó involucrado su cuñado, Juan Pablo Aguilera, señalado como responsable de un entramado de empresas y testaferros que habría concentrado el negocio de la publicidad oficial en la vía pública.
Uno de los expedientes investigó la contratación de publicidad estatal a favor de Global Means, una empresa vinculada al empresario Germán Buffa que, según la acusación, recibió una pauta antes incluso de tener existencia real.
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Otro de los casos, conocido como “la causa de la vaca” o “de las imprentas”, puso bajo la lupa a las empresas Tep SRL y Next SRL, atribuidas a Aguilera, por la concentración durante cinco años del negocio de la publicidad oficial en cartelería callejera.
También formaron parte del proceso la denominada megacausa del “Sueño Entrerriano”, relacionada con la publicación de una solicitada contra los fondos buitre; la instalación de un parador en Mar del Plata durante 2015, cuyo costo fue estimado entonces en 14 millones de pesos; y el pago a la productora Nelly Entertainment para realizar tres spots vinculados, en apariencia, con la Cumbre del Mercosur de 2014, realizada en Paraná. Según la investigación, esas acciones también estuvieron relacionadas con la promoción de la candidatura presidencial de Urribarri para 2015.
El exgobernador fue condenado inicialmente el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. Además de los ocho años de prisión, ese tribunal le impuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En el mismo juicio, el exministro de Cultura y Comunicación entrerriano Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera fueron condenados a seis años de prisión y también quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Otros acusados recibieron penas menores. Corina Elizabeth Cargnel, Gustavo Rubén Tamay y Gerardo Daniel “Foia” Caruso fueron condenados a tres años de prisión en suspenso. Luciana Belén Almada, esposa de Aguilera, y Emiliano Giacopuzzi recibieron dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, mientras que Germán Esteban Buffa fue condenado a un año y dos meses de prisión condicional.
En cambio, el tribunal absolvió al exministro de Turismo Hugo Marsó, a los exfuncionarios de la Unidad Operativa Mercosur Hugo Céspedes —quien murió durante el proceso— y Gustavo Tórtul, además de Alejandro Almada y Maximiliano Sena.
El recorrido judicial de la causa se extendió durante varios años. En 2023, el Tribunal de Casación de Entre Ríos confirmó las condenas y posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó los recursos de las defensas. El último intento de los condenados para revertir las sentencias llegó a la Corte Suprema.
La decisión del máximo tribunal deja firme la sentencia contra Urribarri y cierra la instancia extraordinaria del expediente. El exgobernador, que estuvo detenido durante 50 días entre noviembre de 2024 y enero de 2025, había sido enviado a prisión preventiva por la Cámara de Casación provincial ante el riesgo de fuga. Esa medida fue luego revocada por la Sala de Feria del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
Urribarri gobernó Entre Ríos entre diciembre de 2007 y diciembre de 2015. Ese último año fue elegido legislador provincial y en 2020 fue designado embajador argentino en Israel. Permaneció en ese cargo hasta mayo de 2022, cuando el Gobierno aceptó su renuncia después de que se conociera la condena en su contra.
La investigación había sido impulsada por la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, quien posteriormente enfrentó un jury por presunto mal desempeño. Con el rechazo de los recursos extraordinarios, la Corte dejó ahora firme el resultado de uno de los procesos por corrupción más relevantes de la justicia entrerriana y la condena que pesa sobre quien fuera dos veces gobernador de la provincia.