El ministro de Justicia dijo que las vacantes en la Corte Suprema se cubrirán "en este o en el próximo mandato"

El Gobierno sostiene que va a completar la Corte Suprema, pero no dice cuándo. Así lo confirmó el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para responder por uno de los pendientes de la gestión abre un abanico temporal que llega hasta después de 2027: "En este o en el próximo mandato el Presidente va a cubrir las vacantes", afirmó el funcionario en diálogo con Antonio Laje en Otra mañana, por A24.

Consultado por la conformación del máximo tribunal, Mahiques admitió: "Es una Corte que hoy está incompleta, desde hace mucho tiempo está incompleta, es una realidad". También la calificó como "una deuda que hay que cubrir". Pero cada vez que la pregunta apuntó al cronograma, la respuesta corrió el eje hacia el despacho presidencial. "Es una decisión pura y exclusiva del Presidente, que no me la ha delegado", planteó, y agregó que Javier Milei "está estudiando candidatos" y avanzará con los nombres cuando lo considere oportuno.

El funcionario no aportó apellidos ni especificó cuándo, y descartó que la discusión interna del Ejecutivo pase hoy por modificar la cantidad de miembros del tribunal: el foco, según su explicación, está puesto en llenar los lugares que están vacíos. Una vez que el Presidente defina, el trámite deberá recorrer el circuito constitucional y obtener el acuerdo del Senado.

Tres jueces y camaristas del interior para desempatar

Mientras tanto, la Corte funciona con tres integrantes sobre los cinco que prevé su composición, y debe convocar conjueces cada vez que los ministros no alcanzan la mayoría necesaria para resolver un expediente. Mahiques defendió el rendimiento del tribunal en esas condiciones: "Las estadísticas demuestran que no está sacando menos fallos; por el contrario, está sacando más cantidad de fallos", sostuvo, e incluso deslizó que el volumen de causas ingresadas podría haber crecido.

Para los casos que requieren integración, explicó, se recurre "constantemente a camaristas federales del interior", en particular a presidentes de Cámaras Federales. Con ese mecanismo, evaluó, el sistema "está dando respuestas", aunque el recurso no reemplaza la necesidad institucional de completar la integración.

Una reforma para mover recursos de Comodoro Py al interior

En la misma entrevista, el funcionario adelantó que el Ejecutivo trabaja en un proyecto de reorganización de la Justicia nacional y federal. La idea es identificar cargos vacantes de jueces, fiscales y defensores en la Ciudad de Buenos Aires, eliminarlos y reasignar esas partidas presupuestarias a las jurisdicciones federales del interior, con prioridad en las provincias más golpeadas por el narcotráfico, la trata y el crimen organizado.

El argumento es una comparación de estructuras. "Hoy hay una diferencia abismal entre las justicias federales provinciales y la Justicia federal de la Capital Federal. Hay una asimetría muy grande", señaló. Puso como ejemplo que la Ciudad cuenta con doce juzgados penales de primera instancia más los fueros Penal Económico, Contencioso Administrativo y de la Seguridad Social, mientras que Salta dispone de cuatro y Misiones —a la que definió como una zona caliente por la triple frontera— tiene dos en la capital provincial, además de los de Oberá y Eldorado. Muchos de esos tribunales, agregó, son multifueros y resuelven el doble o el triple de causas que algunos magistrados porteños.

El balance de designaciones y el acusatorio

La cobertura de vacantes fue el otro eje del reportaje. Mahiques describió el cuadro que encontró la gestión al asumir, con pliegos que llevaban entre ocho y diez años dando vueltas entre el Senado y el Ejecutivo, en algunos casos enviados y retirados por gobiernos distintos. Contabilizó más de 180 entrevistas personales y más de 160 acuerdos otorgados, con alrededor de 180 magistrados ya incorporados, y definió a Milei como el presidente "más federal de los últimos años en materia judicial" por las designaciones en puntos como Salta y Chaco.

Ese trabajo, sostuvo, se articula con la expansión del Código Procesal Penal Federal: el sistema acusatorio pasó de operar solo en Salta y Jujuy a proyectarse sobre 17 jurisdicciones, con La Plata como próxima incorporación. La combinación de ambas cosas, argumentó, permitiría terminar con los expedientes que se estiran durante quince o veinte años. Como ejemplo mencionó al Tribunal Oral Federal N° 6 de Comodoro Py, que según relató no tenía jueces titulares desde hacía años y ahora contará con dos definitivos.

Sobre el final, y consultado por los límites entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, fue categórico: "Un ministro no puede hablar con ningún magistrado respecto de ninguna causa particular". Aseguró que el Presidente mantuvo "cero intervención judicial" durante la gestión y remitió cualquier cuestionamiento sobre la conducta de un juez a los mecanismos del Consejo de la Magistratura.