La Corte Suprema aprobó un nuevo reglamento para los concursos de jueces
El máximo tribunal aprobó un proyecto que impulsa cambios para elegir magistrados con más transparencia y menos discrecionalidad, priorizando el mérito, asegurando anonimato en exámenes y limitando el peso de las entrevistas.
La Corte Suprema de Justicia avaló un nuevo proyecto de reglamento de concursos de jueces y juezas y lo remitió al Consejo de la Magistratura para su tratamiento. La iniciativa apunta a corregir falencias detectadas en los últimos años y a reforzar criterios de transparencia, objetividad y eficiencia en un proceso considerado central para el funcionamiento institucional del país.
En una acordada, los ministros Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz recordaron que, como cabeza del Poder Judicial, tienen el deber de “velar por la correcta, transparente y eficaz administración de justicia”, y sostuvieron que la designación de magistrados es “una de las decisiones cruciales” para el destino del sistema judicial.
En ese marco, los supremos señalaron que la experiencia reciente evidenció problemas en los concursos, especialmente en la evaluación de antecedentes y en las entrevistas personales. Según el documento, en algunos casos “se premia el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico de excelencia y el mérito real”, lo que motivó la necesidad de establecer pautas más objetivas.
También advirtieron que la entrevista personal, tal como está diseñada, permite márgenes amplios de discrecionalidad. Por eso, el nuevo esquema propone reglas más claras para evitar que esa instancia altere de manera significativa el orden de mérito construido en las etapas técnicas.
Uno de los cambios más relevantes es la reducción del peso de la entrevista a los aspirantes, que pasará a tener un máximo de 20 puntos sobre un total de 200. La Corte explicó que el objetivo es impedir “la posible manipulación de los resultados finales” y garantizar que prevalezcan los criterios técnicos.
El proyecto introduce además un sistema más estructurado de evaluación. Se propone una doble instancia de examen escrito, con anonimato garantizado: una etapa general automatizada, basada en preguntas de opción múltiple, y otra especial con resolución de casos prácticos y redacción de sentencias. La intención es medir tanto conocimientos teóricos como habilidades concretas para el ejercicio del cargo.
En paralelo, se plantea la creación de un legajo digital único para cada postulante, accesible y auditable, que concentre toda su trayectoria académica y profesional. Este mecanismo busca ordenar la información y evitar inconsistencias o discrecionalidades en la evaluación de antecedentes.
Otro punto central es la implementación de concursos anticipados como regla general, con el fin de desvincular la cobertura de vacantes de los tiempos políticos. Según la Corte, esto permitirá una planificación más eficiente y una participación más amplia de candidatos.
El reglamento también fija principios rectores claros para todo el proceso, como la igualdad de oportunidades, la transparencia, la imparcialidad y la no discrecionalidad, y establece plazos concretos para evitar demoras. Incluso prevé que los concursos no puedan extenderse más allá de 90 días hábiles, salvo excepciones fundadas.
En su argumentación, el máximo tribunal subrayó que garantizar procedimientos confiables es clave para sostener la confianza pública. “La exigencia de que el proceso de selección se desarrolle con los más altos estándares de objetividad, transparencia y previsibilidad constituye una condición indispensable”, afirmaron los jueces.
Finalmente, la Corte instó al Consejo de la Magistratura a tratarlo con rapidez. Además, puso la iniciativa en conocimiento de tribunales de todo el país, con la idea de que el modelo pueda servir de referencia para las jurisdicciones provinciales.