La Corte dio un duro revés al Gobierno en una polémica causa con tintes políticos
En un fallo dividido, los jueces Julio Gómez y José Valerio rechazaron un recurso extraordinario federal del Ejecutivo, en el caso por el control de la Universidad Champagnat.
Los jueces Julio Gómez y José Valerio fallaron en contra del recurso interpuesto por la Asesoría de Gobierno.
Alf Ponce Mercado/MDZLa Suprema Corte de Justicia dio un duro revés al Gobierno de Mendoza en una controvertida causa que involucraba a la Universidad Champagnat. A través de un fallo dividido, los jueces Julio Gómez y José Valerio rechazaron un recurso del Gobierno provincial que pretendía llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación para que resuelva la denuncia por corrupción en la que acusan a exfuncionarios de la gestión de Celso Jaque de quedarse con la Fundación Santa María, que controla la casa de estudios ubicada en Godoy Cruz.
A finales de 2024, la Corte mendocina desestimó la acción de lesividad que había presentado el Gobierno provincial contra la Fundación Santa María. La presentación judicial había sido impulsada durante el inicio de la primera gobernación de Alfredo Cornejo y denunciaba “desvío de poder” y corrupción, apuntando contra ex funcionarios provinciales de la gestión de Jaque.
La acusación señalaba que las autoridades de la Dirección de Persona Jurídica en 2011, emitieron dos resoluciones que modificaron el estatuto de la Fundación Santa María, la cual había sido intervenida administrativamente. Advertía que a partir de estas maniobras ilegítimas un grupo de exfuncionarios se quedó con el control de la fundación y la Universidad Champagnat.
No obstante, al analizar la demanda el juez Gómez afirmó que la acción estaba prescripta, mientras que el entonces ministro de la Corte Pedro Llorente entendió que existieron vicios graves por parte de los funcionarios y advirtió que existió una "desviación de poder". No obstante, el magistrado Valerio inclinó la balanza a favor de la prescripción.
Tras ese revés, el asesor de Gobierno, Ricardo Canet, interpuso un recurso extraordinario federal por los causales de arbitrariedad y gravedad institucional en contra de la sentencia de finales de 2024 y solicitó que la Corte Suprema de la Nación resuelva la causa. El representante del Ejecutivo señaló que el fallo había “arribado a un resultado arbitrario y de gravedad institucional, que se desentiende de la verdad objetiva de los hechos y el derecho”.
Sin embargo, los jueces Gómez y Valerio volvieron a fallar en contra del Gobierno provincial y desestimaron el recurso extraordinario federal, en una sentencia firmada el 24 de julio pasado y que se hizo pública esta semana. En esta oportunidad, la jueza Norma Llatser, postulada por Cornejo como reemplazante de Llorente, votó en disidencia con sus colegas y planteó que correspondía hacer lugar de forma parcial a la presentación del Gobierno, pero finalmente se impuso la decisión de la mayoría en contra del recurso.
Una causa controvertida
El asesor Canet, en representación del Gobierno provincial, afirmó que “durante todo este tiempo y hasta la actualidad, la Fundación Santa María ha quedado y permanecido, ilícitamente, bajo el poder, control y disposición de quienes, mediante abuso de la función pública, incurrieron en desviación de poder y perpetraron el despojo, que persiste a la fecha”.
Apuntó directamente contra el ministro de la Corte que lideró los argumentos del fallo original. “El juez Gómez incurrió en afirmaciones dogmáticas que revelan apoyo en su mera voluntad personal, por lo cual, incurrió también en la desnaturalización de las formas procesales en desmedro de la verdad objetiva o material, utilizando excesivo rigor formal en la interpretación de los hechos o del derecho aplicable y, de tal manera, renunció conscientemente a la verdad material u objetiva, despreocupándose de manera evidente del adecuado servicio de justicia. Una conducta que aniquila la garantía constitucional de la defensa en juicio y del debido proceso”, expresó el titular de la Asesoría de Gobierno.
Planteó también que “los nombramientos originarios en la fundación, como los de los beneficiarios posteriores de esos actos, tienen la misma causa ilícita: el abuso de poder de quedarse con el manejo y aprovechamiento, hasta nuestros días, de la fundación intervenida administrativamente. No es vicio leve dispensar, por actos de favor político, el control definitivo de la fundación demandada”.
Por otra parte, concluyó que quedó demostrado que “la sentencia apelada incurre en una causal de arbitrariedad, al declarar prescripta una acción de nulidad que no lo está, lo que la descalifica como pronunciamiento judicial, mediando relación directa e inmediata entre lo decidido, las garantías constitucionales y las leyes federales que se invocan como vulneradas”.
La decisión de la Corte
Los jueces Gómez y Valerio decidieron no conceder el recurso extraordinario federal, ya que descartaron que haya existido una “arbitrariedad como vicio descalificante”. “No se encuentra fundamentada en forma concreta y suficiente la gravedad institucional, recurriendo a expresiones que evocan generalidades”, plantearon los dos jueces.
A su vez, lanzaron una advertencia al Gobierno provincial por las acusaciones de corrupción que realizó en la presentación. “Debe procederse con la máxima cautela debido a la gran sensibilidad e impacto que tienen los hechos de corrupción en nuestra sociedad en general, y su influencia en la apreciación de nuestra organización política y sus instituciones, en particular. Por lo que el obrar de los organismos públicos debe constituirse en la primera línea de defensa del interés general y la transparencia de la actividad administrativa”, manifestaron en el reciente fallo.
En tanto, la ministra Llatser votó en disidencia de sus colegas. “Entiendo que corresponde conceder en forma parcial el remedio extraordinario federal incoado, exclusivamente respecto de la cuestión federal planteada, a los fines que sea el máximo Tribunal del país el que dirima el conflicto interpretativo suscitado”, argumentó la más reciente integrante de la Suprema Corte.