La causa que investiga a presuntos testaferros de "Chiqui" Tapia cambió de juez
Tras un planteo de incompetencia del juez Daniel Rafecas, la Cámara Federal porteña ordenó que la investigación a los presuntos testaferros de Chiqui Tapia curse en el fuero penal y económico.
La Cámara Federal Porteña determinó que la causa iniciada por presunto lavado de activos que involucra a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte como supuestos testaferros de Claudio Chiqui Tapia pase a la Justicia en lo Penal y Económico.
El expediente se originó a partir de una denuncia que señala que, a través de la firma Real Central S.R.L., los acusados habrían adquirido un inmueble en el partido de Pilar sin contar con respaldo económico suficiente para justificar la operación.
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¿Qué planteó el juez Daniel Rafecas?
El juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la investigación inicial, se declaró incompetente al considerar que el caso debía tramitar en el fuero Penal Económico. Sin embargo, cuando el expediente llegó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, a cargo de Marcelo Aguisnky, la magistrada que lo subroga, rechazó la atribución y devolvió la causa.
Al analizar el conflicto, el camarista Leopoldo Bruglia en su fallo unipersonal señaló que no existe controversia en cuanto a que los hechos denunciados encuadran, en principio, dentro del delito de lavado de activos previsto en el Código Penal y, por lo tanto, son de competencia federal.
No obstante, el juez de la sala I del tribunal de alzada evaluó que, al no advertirse elementos que permitan inferir la afectación de bienes jurídicos que justifiquen la intervención del fuero criminal y correccional federal, corresponde que la investigación continúe en el ámbito penal económico, especializado en este tipo de conductas pues "se encontraría comprometido el orden económico y financiero".
La resolución aclara además que, pese a lo decidido, el juzgado que retome la investigación deberá analizar la cuestión territorial, es decir, si debe investigarse en el fuero penal y económico o en la justicia federal de Pilar. Cabe destacar que el cambio de juzgado no repercute en ninguna de las medidas de prueba impulsadas por Rafecas, entre ellas el secuestro del más de medio centenar de vehículos durante el allanamiento de esta jornada.
Sin embargo, la decisión de Bruglia podría ser impugnada por José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal Porteña, quien en su dictamen señaló que el expediente debía seguir su curso en Comodoro Py. Además del allanamiento de hoy en la finca de 100 mil metros cuadrados, Rafecas dispuso su embargo preventivo, la inmovilización de todos los bienes muebles existentes en su interior, el levantamiento del secreto fiscal de “Wicca S.A.S.”, anterior propietaria de la casa del country Ayres en Pilar y la prohibicion de salida del pais de Pantano y de su madre.