Juicio a Bento, la recta final: el exjuez se defiende antes de una sentencia histórica

Walter Bento está preso en la cárcel federal de Cacheuta con un futuro incierto. Pero pronto esa realidad cambiará y quien fuera el juez más poderoso de Mendoza tendrá un futuro con más precisiones: en febrero se conocerá la sentencia y se sabrá si es culpable o no de los graves delitos de corrupción de los que está acusado. La cadena de acusaciones está relacionada, pues está sospechado de ser el líder de una banda organizada para pedir coimas a cambio de favores procesales a acusados de delitos federales que dependían de él. Por eso el delito "mayor" es la asociación ilícita, pero están relacionados el cohecho (las coimas) en 11 casos, el enriquecimiento ilícito (el cobro de las coimas), el lavado y autolavado (blanquear el dinero de esas coimas), el abuso de autoridad y otros delitos asociados.

Si es hallado culpable la condena puede ser grande, aunque las juezas no harían una suma aritmética. Incluso en Tribunales Federales se especula con una condena que podría rondar los 15 años de cárcel. Claro, es todo especulativo porque la sentencia no ha llegado. Sí algunos datos relevantes, como la confesión de algunos acusados que confirmaron que pagaron coimas, además de otras pruebas. Antes de que llegue el "día D", Bento tiene las últimas oportunidades de defenderse.

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Hoy comenzaron los alegatos de la defensa del principal acusado. Son los últimos alegatos de un largo proceso. Los abogados del exjuez apuntarán a desmentir las acusaciones. En la previa, los letrados aseguraban que iban a rebatir los argumentos del Ministerio Público Fiscal con datos objetivos. Gran parte de la defensa de Bento se asentó en dos pilares. El primero, en voz del propio acusado, fue que hubo una supuesta "organización" en su contra para destituirlo. Y que esa organización estaba impulsada por el fiscal Dante Vega. Vale aclarar que todo el proceso de investigación y elevación a juicio estuvo marcado por la intervención de fiscales, jueces y camaristas de todas las instancias institucionales; desde la fiscalía, hasta la Corte Suprema; pasando por la Cámara Federal y Casación.

Los cargos

Otro de los ejes de la defensa apunta a que las decisiones que tomó Bento como juez y que están sospechadas de haber sido motorizadas por el pago de coimas, siempre fueron ratificadas por las otras garantías que tiene el sistema, incluido el propio Ministerio Público Fiscal y la Cámara Federal. De la misma manera, apuntan a desvincular al acusado de algunos de los ejes de la matriz de corrupción que, se sospecha, funcionaba allí: Bento desconoce a Diego Aliaga, el despachante de aduana asesinado que, se cree, era uno de los "gestores" de la organización liderada por Bento.

El proceso ha sido complejo. Tras los alegatos, las partes tendrán posibilidad de responder o cuestionarse de manera cruzada. Luego vendrá el momento de las "últimas palabras" y la sentencia, que se espera se conozca la primera semana de febrero, tras la feria judicial.

La causa llevará más de cinco años. Las sospechas son que alrededor del juzgado federal 1 de Mendoza existían una organización criminal que involucraba a Walter Bento, a abogados que litigaban en ese Tribunal, "punteros" judiciales, al menos un policía y a la propia familia del exmagistrado. El mecanismo funcionaba con el ofrecimiento (algunas veces vía extorsión) de "favores" procesales a acusado de delitos federales, a cambio del pago de coimas. Los favores eran ejecutados por Walter Bento y algunas veces implicaban excarcelaciones, cambio de carátulas y otros detalles procesales que apuntaban a mejorar la situación de los acusados por delitos como narcotráfico y contrabando. En la supuesta organización operaban abogados (como Jaime Alba, Luciano Ortego, Matías Aramayo, Martín Ríos, Javier Angeletti y Luis Francisco Álvarez), que también están acusados, y los gestores; como el asesinado Aliaga.

En la causa se investigaron 11 casos particulares de supuesto pago de coimas. En principio el Ministerio Público Fiscal considera probado que por lo menos se pagó 1,7 millones de dólares de sobornos y en base a esos montos se siguió la línea del enriquecimiento ilícito y el lavado de activos. Allí es donde también entran en juego los familiares de Bento; dos de sus hijos y su esposa. Todos eran funcionarios judiciales y fueron acusados de lavado y enriquecimiento, aunque uno de sus hijos luego fue sacado de la acusación.

La lista de acusados

• Walter Bento: asociación ilícita en carácter de jefe, en concurso real con cohecho pasivo agravado (11 hechos) en calidad de autor, en concurso ideal con el delito de prevaricato en calidad de autor, todo a su vez en concurso real con el delito de omisión y retardo de justicia en calidad de autor, enriquecimiento ilícito en calidad de autor, lavado de activos de origen ilícito agravado por haber sido cometido como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y como funcionario público en ejercicio u ocasión de sus funciones, en calidad de coautor, y falsedad ideológica por 2 hechos en concurso real entre sí y en grado de coautor. A su vez, en concurso real con el delito de abuso de autoridad por 10 hechos en calidad de autor en concurso real entre sí; en concurso ideal con el delito de desobediencia respecto de una orden emanada de autoridad judicial por 2 hechos en concurso real entre sí y en concurso ideal con el delito de ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.
• Jaime Alba: Asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor, y en concurso real con del delito de abuso de autoridad en calidad de partícipe primario.
• Luciano Edgardo Ortego: asociación ilícita en carácter de organizador en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor por 6 hechos, todos a su vez en concurso real entre sí.
• José Gabriel Moschetti: Asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de violación de secretos y este a su vez en concurso ideal con el delito de violación a los deberes de funcionario público, en calidad de autor.
• Alejandro Matías Aramayo: asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor por 2 hechos, ambos a su vez en concurso real entre sí.
• Leopoldo Antonio Martín Ríos: asociación ilícita en carácter de miembro; en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor por 3 hechos, todos a su vez en concurso real entre sí.
• Javier Leónidas Angeletti: asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor por 2 hechos, ambos a su vez en concurso real.
• Luis Francisco Álvarez: asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor, en concurso real con el delito de abuso de autoridad en calidad de partícipe primario.
• Walter Eduardo Bardinella: asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor por 3 hechos, todos a su vez en concurso real entre sí.
• Marta Isabel Boiza: enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria; lavado de activos de origen ilícito agravado por haber sido cometido como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y como funcionaria pública en ejercicio u ocasión de sus funciones, en calidad de coautora; y falsedad ideológica por 2 hechos en concurso real entre sí, todos esos delitos a su vez en concurso real entre sí.
• Nahuel Bento: lavado de activos de origen ilícito agravado por haber sido cometido como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y como funcionario público en ejercicio u ocasión de sus funciones, en calidad de coautor.
• Carlos Federico Barón Knoll y Martín Rodolfo Bazán: cohecho activo agravado en calidad de coautores por un hecho agravado por la condición de funcionario público.
• Alfredo Aliaga, Francisco Alzogaray, Francisco Nicolás Castro, Walter Aníbal Costa, José María Sanguedolce, Enrique de la Cruz, Diego Martínez Pinto, Juan Carlos Molina, Eugenio Nasi, Cristian Oliva, Omar Armando Rodríguez Cichinelli y Marcos Adrián Calderón: cohecho activo agravado en calidad de coautor con relación a su propia intervención como sobornador.