Javier Milei puso "en venta" cuatro importantes represas hidroeléctricas: cuáles son
El presidente firmó el decreto que lanza a la venta las acciones de las represas que están bajo la órbita de Enarsa.
Piedra del Aguila es una de las represas puesta en "venta".
El presidente Javier Milei firmó este lunes un decreto que habilita la venta de las acciones de cuatro de las principales represas hidroeléctricas del país, en lo que representa un paso decisivo en el plan de privatizaciones que impulsa la Casa Rosada. Así fue publicado en el Boletín Oficial de este martes.
Se trata de los complejos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que hasta ahora estaban bajo la órbita de Energía Argentina S.A. (Enarsa). A partir de la norma, las acciones de estas sociedades serán transferidas a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, y luego se pondrán a la venta mediante un concurso público nacional e internacional.
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Cómo funcionará la transición
El decreto establece que las actuales concesionarias —AES Argentina, Enel Generación El Chocón, Orazul Energy Cerros Colorados y Central Puerto— podrán seguir operando las represas hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta que se concrete la licitación, lo que ocurra primero. Para eso, las empresas deberán adherir al nuevo esquema en un plazo de cinco días.
En caso de rechazar la adhesión, igualmente estarán obligadas a garantizar la generación de energía por al menos 90 días hábiles, a fin de asegurar la continuidad del servicio.
Las concesionarias deberán cumplir con sus contratos originales de 1993, mantener una garantía de 4,5 millones de dólares, pagar regalías a las provincias de Neuquén y Río Negro, y permitir el ingreso de interesados que participen del concurso público.
Próximos pasos
El Ministerio de Economía, junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de definir las condiciones de la venta y lanzar la licitación en un plazo máximo de 60 días corridos. El proceso no incluirá programas de propiedad participada ni preferencias especiales para oferentes nacionales, lo que abre la puerta a una amplia participación de capitales extranjeros.
La norma también confirma que el Estado mantendrá el rol de veedor sobre los complejos hidroeléctricos, aunque sin injerencia en la operación ni en el mantenimiento.