Javier Milei aprobó la nueva Política de Inteligencia Nacional: cómo se reestructura la SIDE
Javier Milei aprobó la nueva Política de Inteligencia Nacional y ordenó a la SIDE elaborar la estrategia que guiará al renovado sistema de inteligencia.
La sede de la SIDE, frente a Casa Rosada
Javier Milei oficializó la aprobación de la nueva Política de Inteligencia Nacional, un documento estratégico que redefine el funcionamiento del sistema argentino tras más de dos décadas sin lineamientos actualizados. El Decreto 864/2025, publicado este jueves, marca la orientación que deberá guiar la labor de los organismos de inteligencia bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
La medida se enmarca en la amplia reorganización impulsada por el Gobierno, que incluyó la disolución de la AFI y la creación de nuevos organismos como el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) y la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC).
Un sistema reorganizado y con nuevos objetivos
Según el decreto, la reestructuración responde a la necesidad de modernizar las capacidades del Estado frente a un escenario internacional “difuso, fragmentado y complejo”. La nueva política busca fortalecer la cooperación internacional, elevar la calidad de la información producida y asegurar la defensa de los intereses estratégicos del país.
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El Gobierno afirma que la falta de una conducción estratégica provocó una “degradación paulatina” del sistema en los últimos veinte años. Por eso, los nuevos lineamientos deberán orientar la obtención y análisis de información vinculada a riesgos, amenazas y oportunidades para la seguridad interior, la defensa y la política exterior.
La SIDE deberá elaborar la Estrategia de Inteligencia Nacional
El decreto instruye a la SIDE a confeccionar la próxima Estrategia de Inteligencia Nacional, un documento operativo que definirá cursos de acción, objetivos específicos y prioridades para adecuar el sistema al contexto geopolítico actual. La estrategia también deberá contemplar el desarrollo del capital humano y tecnológico necesario para enfrentar desafíos futuros.
El texto subraya que la inteligencia nacional debe articular a los distintos organismos públicos dentro del marco de la Ley 25.520, permitiendo intercambios de información sin vulnerar límites legales ni competencias institucionales.
Cooperación, control y jerarquización institucional
La nueva política establece que el sistema de inteligencia debe actuar con autonomía técnica, eficiencia y transparencia, articulando con organismos homólogos de otros países para el intercambio de información estratégica. Además, fija que los lineamientos aprobados deberán ordenar la coordinación entre los distintos entes del Estado que aportan datos al sistema.
El Gobierno sostiene que esta revalorización institucional es parte de su compromiso para “convertir a la Argentina en una potencia moderna y soberana”, según indica el decreto firmado por Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni.
Los cinco intereses estratégicos de la Nación
La política de Inteligencia Nacional define cinco intereses estratégicos que orientarán todas las actividades del sistema: asegurar la soberanía y autonomía de la Nación, proteger la integridad territorial y la legitimidad del Estado, proteger la vida, libertad, bienes y derechos de los habitantes, asegurar la vigencia del sistema democrático republicano y federal, y preservar los recursos estratégicos.
En relación con la soberanía, el documento establece la necesidad de identificar amenazas, detectar oportunidades de protagonismo internacional, proteger el conocimiento nacional y monitorear la influencia externa en procesos decisionales que puedan "condicionar la autonomía institucional".
Sobre la integridad territorial, se propone detectar "dinámicas de fragmentación territorial, conflictividad latente y presencia extranjera en espacios sensibles, incluyendo zonas de frontera, áreas marítimas y regiones de proyección antártica".
Los diez lineamientos estratégicos
El anexo del decreto desarrolla diez lineamientos estratégicos con sus respectivos objetivos generales que abarcan las principales áreas de interés para la inteligencia nacional.
El primer lineamiento aborda la "disputa de poder en el escenario de política exterior", donde se reconoce que la competencia entre potencias globales "impacta directamente en regiones periféricas como América Latina". El objetivo es identificar riesgos, amenazas y oportunidades con impacto en la política exterior y seguridad nacional.
El segundo eje se refiere a la "superioridad de la información y riesgo de influencia externa", con foco en operaciones de desinformación que "buscan erosionar la cohesión social, condicionar procesos electorales, alterar percepciones sobre proyectos estratégicos y debilitar la legitimidad institucional".
El tercer lineamiento analiza el "poder integral de la Nación", incluyendo aspectos económicos, institucionales, sociales, de defensa y desarrollo científico-tecnológico. Se advierte sobre riesgos como "la captura de talento altamente calificado por actores extranjeros" y "la dependencia tecnológica de plataformas extranjeras".
Malvinas, Antártida y recursos naturales
Los lineamientos 4.a y 4.b abordan respectivamente la proyección antártica nacional y la presencia extranjera en el Atlántico Sur, Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Respecto a la Antártida, el documento destaca que Argentina mantiene presencia ininterrumpida desde 1904 con 13 bases activas, y se propone monitorear las acciones de actores estratégicos con interés geopolítico o económico en ese espacio.
Sobre el Atlántico Sur, el texto señala que "la intensificación de actividades científicas, logísticas y militares por parte de potencias extrarregionales" ha generado "un entorno de competencia silenciosa con implicancias geopolíticas". Se menciona expresamente "la ocupación ilegítima del territorio nacional" en referencia a las Islas Malvinas.
El quinto lineamiento aborda los recursos naturales estratégicos, destacando que Argentina "por su dotación estratégica de litio, gas no convencional, acuíferos y biomas de alto valor ecológico, enfrenta escenarios de presión simultánea por parte de actores estatales y corporativos".
Ciberseguridad y tecnologías de frontera
El sexto eje estratégico se centra en las "amenazas dentro y desde el ciberespacio", definiendo a este dominio como "vector de influencia y superficie de ataque" que permite a actores estatales y no estatales "proyectar poder de forma encubierta, transnacional y con bajo costo relativo".
El séptimo lineamiento aborda las "ventajas estratégicas del dominio de tecnologías de frontera", incluyendo inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología avanzada y sistemas autónomos, que "redefinen los umbrales operativos en defensa, inteligencia y logística".
Terrorismo y crimen organizado
Los lineamientos octavo y noveno se enfocan en terrorismo y crimen organizado respectivamente.
Sobre terrorismo, el documento advierte que Argentina enfrenta "exposición a redes trasnacionales vinculadas a Medio Oriente, particularmente en zonas de frontera y circuitos informales", mencionando "el precedente de atentados con impacto regional".
En cuanto al crimen organizado, se lo describe como "una estructura de poder paralela" que en Argentina se beneficia de "la convergencia de rutas estratégicas, zonas de frontera permeables y circuitos financieros informales" que han favorecido "la consolidación de redes criminales con vínculos regionales y extrarregionales".
El décimo y último lineamiento corresponde a la contrainteligencia, definida como "herramienta crítica para detectar interferencias, negar vectores de cooptación y preservar la integridad de los procesos estratégicos del Estado Nacional".
Vigencia inmediata y publicación del anexo completo
La norma ya se encuentra en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial. El contenido completo de la Política de Inteligencia Nacional figura como Anexo I en la versión digital del decreto y será la base para el diseño de toda la planificación futura del sistema.
Con este paso, el Ejecutivo busca cerrar una etapa marcada por cambios estructurales en las áreas de inteligencia y avanzar hacia un modelo reorganizado, más técnico y con mayores controles institucionales.