Irrigación echó por irregularidades a la inspectora de cauce que había denunciado un caso de contaminación

El Departamento General de Irrigación destituyó e inhabilitó a una inspectora de cauce del canal Lunlunta porque, según aseguraron, hallaron irregularidades y falta de rendición de cuentas, por lo que además determinaron que pague más de tres millones de pesos. Se trata de Emilia Scatolón, la misma inspectora que había tomado notoriedad tras realizar una serie de denuncias por contaminación con petróleo en la zona.

La suspensión y ahora destitución por parte del organismo se debe a una denuncia por irregularidades contra la funcionaria, a quien acusan de no haber presentado en tiempo y forma la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2022. En su momento ella aseguró que se trataba de una "cama".

En septiembre del año pasado cuando vecinos productores de Lunlunta denunciaron la presencia de una sustancia "negra, viscosa y con olor a combustible", mientras intentaban realizar una "sangría", técnica para derivar el agua hacia el curso del río. Se trata de una zona de convivencia de plantaciones de vid y olivo, rutas turísticas y pozos petroleros, cuya actividad había dejado pasivos ambientales que habían sido declarados como saneados.

Rápidamente se advirtió la posibilidad de que se trate de hidrocarburos, por lo que un grupo de oficiales de justicia tomó muestras de agua y sedimentos y el material relevado fue enviado a los laboratorios de la Universidad Nacional de Cuyo para determinar si había contaminación. Hipótesis que se confirmó en diciembre. En enero, YPF fue intimada por la Dirección de Protección Ambiental a presentar el plan de remediación que se implementará.

En octubre, el Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación resolvió suspender a la inspectora de cauce, María Emilia Scatolón, por no presentar la rendición del periodo en mención (Resol. N° 489/24 HTA). Días después de que la polémica estallara. Según el organismo, justamente en septiembre (cuando hizo la denuncia) habría presentado la documentación en el sistema contable SICIA que utiliza la institución. También denunciaron irregularidades en la Asamblea Ordinaria del 31 de mayo de 2024.

Ese mismo mes, Scatolón denunció presiones y amenazas de intereses poderosos relacionados con el hallazgo. En una entrevista con MDZ Radio en ese momento, brindó precisiones del mismo: "Cuando empezamos a abrir la sangría de drenaje, nos empezamos a dar cuenta que brotaba entre las sangrías una presunta contaminación de petróleo. Yo lo vengo denunciando desde el 2014. Yo vengo haciendo las actas. Todo eso no quedó en nada. Se arreglaba entre Irrigación, YPF y la Dirección de Protección Ambiental".

Particularmente sobre la suspensión, Sacatolón señaló que primero le pidieron la renuncia pero ella se negó, por lo que después vino la investigación. "Hace un tiempo atrás se perdió un balance mío del 2022. No se cargó. Yo tengo los recibos de un contador que me cargaba los papeles. Ni 2023 ni 2024 se habían cargado e Irrigación nunca se dio cuenta. Me dijeron que me limpiaban la causa si yo renunciaba y le dije que no. Es una cama armada y está en la Justicia. Yo voy a pagar las consecuencias de esto, pero yo no voy a renunciar porque si yo renuncio esto queda en la nada porque Irrigación toma la inspección y ellos ya tienen varias inspecciones tomadas", denunció.

Desde Irrigación habían aclarado que la suspensión no estaba vinculada con la denuncia por pasivo ambiental. "La Resolución 463/24 del HTA dictada el 04-10-24 por la cual se sanciona con 60 días de suspensión a la inspectora, no guarda relación alguna con la situación de afectación ambiental producida en el sitio de Concesión Barrancas (Yacimiento Cruz de Piedra)”, explicó el presidente del Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación y Consejero del río Tunuyán Superior, Omar Sorroche, en un comunicado oficial.

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ALF PONCE MERCADO / MDZ

Sanción y posterior destitución

El 4 de octubre sancionaron a María Emilia Scatolón por lo mencionado anteriormente. Ahora, este martes, se emitió una nueva resolución mediante la cual quedó formalmente destituida. En un comunicado, desde el organismo señalaron que ya había recibido sanciones menores como llamados de atención y cargos de devolución o multas por ejercicios anteriores al 2022, por no ajustarse al procedimiento.

En octubre de 2024 también dispuso la intervención preventiva de esa Inspección y el inicio de una investigación administrativa debido a denuncias formuladas por terceros. El 20 de agosto pasado, el mismo Tribunal culminó esta investigación, concluyendo en la presencia de "serias irregularidades", incluyendo pagos y aportes no correspondientes a períodos trabajados y la presentación de documentos con firmas falsificadas. Estas irregularidades fueron corroboradas con prueba objetiva y llevaron a la imposición de sanciones administrativas severas.

El Tribunal impuso la sanción de inhabilitación a todo el cuadro de autoridades (Inspector y Delegados) por ser responsables solidarios, prohibiéndoles ocupar cualquier cargo en la administración de las aguas por cinco años, además de la destitución del cargo en vigencia de la propi Scatolón y compañía.

Asimismo, le requirieron la devolución de fondos a la Inspección de Cauce por un monto de $3.608.523,62, correspondiente al valor de los sueldos brutos y contribuciones no abonadas a los denunciantes, más intereses legales calculados desde la fecha de la transferencia directa a la cuenta personal de la inspectora.

Desde Irrigación aclararon que, dado que los montos involucrados son de gran cuantía, se seguirán realizando investigaciones adicionales. Las supuestas irregularidades denunciadas abarcan los ejercicios de 2022, 2023 y 2024, por lo que podrían ampliarse al resto de los comprobantes y/o gastos presentados por la Inspección de Cauce a sus regantes en la Asamblea de rendición de cuentas.