Intriga y nerviosismo en la política bonaerense por los teléfonos de "La Orden de la Luz"

Los teléfonos que más secretos guardan y que más angustian a la política bonaerense comenzarán a peritarse este jueves. Son los pertenecientes a Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, los únicos detenidos y procesados por los abusos sexuales sufridos por al menos cinco mujeres que militaban políticamente en "La Capitana", de la Ciudad de La Plata, y cumplían funciones en el Senado bonaerense.

Conocidos como los creadores de La Orden de la Luz, Rodríguez y Muñoz ingresaron hace quince años a trabajar en la Cámara Alta bonaerense por un pedido de Giselle Fernández (la hermana de CFK) a las autoridades políticas de aquel entonces, encabezadas por Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de Daniel Scioli. En sus dispositivos personales, seguramente, se encontrarán más detalles de cómo operaban y qué permisos tenían para que en “La Casita” del ex Banco Hipotecario, actual anexo del Senado, pudieran hacer y deshacer a su antojo.

"La oficina 007"

En un principio, los investigadores, tomando como detalle algunas declaraciones testimoniales, habían dejado trascender que las vejaciones y abusos fueron cometidos en la oficina “007”, aunque ese número no existe. Sería, simplemente, la oficina 7. “Le quisieron poner un condimento de película”, reveló uno de los que conocen desde adentro toda la trama.

Los detenidos ahora también fueron acusados de dos nuevos hechos ya que se les dieron validez a dos casos denunciados en 2019, y que en aquel momento no habían sido investigados como corresponde. En estos nuevos casos se insiste con los delitos abuso sexual agravado seguido de penetración no consentida (violación), privación ilegítima de la libertad y violación sin penetración por parte de dos o más personas.

"Dios Kiei" y el reclutamiento: manipulación, castigos y nuevos cargos por violación

“Rodríguez se presentaba como Dios Kiei y decía tener poderes sensitivos y sobrenaturales. Silva Muñoz, por su parte, era la encargada del reclutamiento”, comentaron en la Fiscalía 2, a cargo de Betina Lacki, la investigadora del caso. Las denunciantes relataron que fueron objeto de una manipulación sicológica y siempre recibían amenazas y hasta castigos corporales en caso de querer abandonar La Orden de la Luz.

“Al menos es contradictorio. Dicen que fue manipulación sicológica y a la vez eran castigadas cuando se resistían. Si vos creés en lo que te dice alguien, no te revelás, creés que estás haciendo lo que corresponde”, quiso justificar su punto alguien que no cree demasiado en esta causa.

“Hace años que vienen con esto y ahora salta”, continúa con su argumento defensivo. Más allá de estas posiciones, que relativizan todo lo actuado por la investigación, y ponen en duda los dichos de las denunciantes, el silencio de senadores y senadoras de todos los bloques resulta más que llamativo… Casi cómplice.

Tal cual informó MDZ, el avance de la causa, hasta ahora, parece solo tener como responsables máximos a los dos detenidos. Las dudas sobre ampliar a más personas como imputadas o procesarlas solo podrá destrabarse si surge una prueba concreta de la pericia que se realizará en los teléfonos de Rodríguez Muñoz.

La sombra de "Chocolate" Rigau y el llamativo silencio de la política bonaerense

Los antecedentes tampoco juegan a favor. En el caso de “Chocolate” Rigau, también investigado por Lacki, que mostró una trama multimillonaria de dinero distribuido a través de medio centenar de tarjetas de débito pertenecientes a diferentes empleados de la Cámara de Diputados, la responsabilidad solo recayó en el empleado Rigau, el director de Recursos Humanos, Claudio Albini y su hijo, Facundo, concejal de Fuerza Patria de La Plata.

Por otro lado, el juez que atiende este expediente, Juan Pablo Masi, fue conminado en más de una oportunidad a rendir cuentas de sus actuaciones por el Consejo de la Magistratura bonaerense y en la actualidad también le pesa otro pedido de jury que deberán definir, entre otros, los senadores que componen ese órgano de designación y control del Poder Judicial bonaerense.