Podría tener impacto electoral

Intendentes: la Corte podría dictar sentencia antes de las PASO del 28

El expediente ya está en poder del Procurador de la Corte, cuya opinión no es vinculante, pero constituye el paso previo a la votación del plenario. La sentencia, cualquiera sea, no afectará a los jefes comunales del PJ que van por la reelección, pero podría cambiar a futuro el modo de contar los votos para consagrar una reforma constitucional. A pesar del acuerdo entre el Gobierno y los intendentes, un candidato sigue pidiendo la suspensión de los comicios de San Rafael.

miércoles, 10 de abril de 2019 · 10:39 hs

La causa judicial que todavía enfrenta al Poder Ejecutivo con cuatro intendentes del PJ está cerca de resolverse en la Corte y hay quienes dicen que antes del 28 de abril se sabrá si es constitucional o no la promulgación de la enmienda para frenar la reelección de los jefes comunales.

La fecha señalada no es un dato menor para la Corte, que no puede perder de vista los intereses en juego. Ese día se harán las PASO en los cuatro departamentos en los que compiten los intendentes justicialistas que buscan una nueva reelección. Alfredo Cornejo aceptó expresamente que el fallo no tenga efecto en las elecciones de este año, pero conserva la esperanza de que la decisión tenga impacto político en las urnas.

El síntoma de que los supremos están cerca de dictar un fallo de fondo es que el expediente ya está en poder del Procurador de la Corte, Alejandro Gullé. El dictamen de la Procuración no es vinculante, pero es el paso previo al fallo.

Una vez que se exprese la Procuración, la causa ingresará en la etapa de "autos para resolver". Como interviene el plenario, los siete miembros de la Corte deberán votar.

Los integrantes de la Corte han tenido mucho tiempo para preparar sus votos. Por ejemplo, el presidente del alto tribunal, Jorge Nanclares, lo viene redactando por lo menos desde fines de febrero.

La causa en los intendentes, por aquellos días, no tenía destino, debido a las presiones políticas que ejercían uno y otro bando. El camino quedó despejado recién el 22 de marzo, cuando el Ejecutivo y los jefes comunales del PJ firmaron un acuerdo extrajudicial para la pronta resolución del litigio.

En este arreglo, las partes se comprometieron a retirar los obstáculos que impedían llegar al fallo sobre la acción de inconstitucionalidad contra el decreto de Cornejo y renunciaron a términos y a la presentación de pruebas, pero acordaron que los cuatro intendentes se podían presentar como candidatos a otra reelección.

La parte más fuerte del acuerdo era aquella en la que el Gobierno y los intendentes solicitaban que el fallo de la Corte tuviera "efectos en el futuro", tal como había propuesto el fiscal de Estado Fernando Simón.

Simón también avaló la constitucionalidad del decreto de Cornejo y en tribunales creen que eso es lo que pasará: la sentencia definitiva será dividida, pero le dará la razón a Cornejo.

Si así fuera, el efecto a largo plazo del fallo será que el cálculo de votos mínimos necesarios para consagrar una reforma constitucional o una enmienda dejará de estar atado al padrón general de electores, como establece el fallo Kemelmajer de 1989, y se ceñirá a partir de ahora al conteo de las personas que efectivamente sufraguen en el plebiscito en cuestión.

La intención de sacar esta sentencia antes del 28 de abril tiene que ver con una necesidad política, pero también existen argumentos legales para apurarlo. Sucede que, al margen del acuerdo entre el Gobierno provincial y los intendentes del PJ, al menos una de las elecciones departamentales fechadas para ese día depende todavía de una decisión judicial.

Se trata de las PASO de San Rafael. En este caso particular, el precandidato a intendente del Partido Renovador Federal, Alejandro Cazabán, pidió ante la Corte su suspensión, a través de una medida cautelar.

Hoy levanta el dedo para advertir que, antes del 28, el alto tribunal debe responder su cautelar "por sí o por no" o dictar un fallo de fondo que defina en qué condiciones se presenta al comicio el denunciado: Emir Félix.

El ex funcionario justicialista realizó esta presentación a mediados de marzo, en virtud de que el intendente Félix no era "un candidato definitivo" y eso afectaba los derechos del elector.

Una semana después, el Poder Ejecutivo y los intendentes firmaron ante la Corte el pacto para no bloquear las PASO de los cuatro departamentos (San Rafael, San Martín, Tunuyán y Lavalle). Pero Cazabán no fue parte de ese trato y, por lo tanto, no desistió de su reclamo. Por ello, todavía está pidiendo que su cautelar se resuelva antes del 28, para que el planteo no devenga en abstracto.

La causa está en la Sala Primera (Pedro Llorente, Julio Gómez y Dalmiro Garay) y se ha seguido moviendo después del pacto entre el Gobierno y el PJ. De hecho, este martes, la Corte publicó en listas una novedad: Félix recusó al ministro Llorente, bajo el argumento de que es amigo de Cazabán.

La recusación de Llorente no prosperaría. Pero cumple el objetivo práctico de demorar la decisión de la Corte.

Cazabán incluso ha seguido adelante con su campaña electoral para disputar la intendencia de San Rafael, aunque mira de reojo todo lo que pasa en tribunales. Igual que el Gobierno.