Gustavo Arribas y Silvia Majdalani sumaron un nuevo sobreseimiento por presunto espionaje
Fue en la causa por maniobras de inteligencia a periodistas durante las cumbres de la OMC y el G20. El juez Martínez De Giorgi consideró que la información recopilada por el organismo en tareas preventivas de seguridad no tenía motivación política o ideológica.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa que investigó un presunto esquema de espionaje sobre periodistas, académicos y otras personas durante la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 y la Cumbre del G20 en 2018.
La resolución, a la que tuvo acceso MDZ, alcanzó a los exagentes Martín Coste y Carlos Tonelli Banfi. El magistrado concluyó que las actividades investigadas no constituyeron un delito de inteligencia ilegal y que la AFI actuó en un contexto de prevención frente a posibles amenazas de seguridad y no se pudo demostrar que la recopilación de información hubiera tenido como finalidad perseguir a personas por sus ideas políticas o su pertenencia a organizaciones.
La causa inició en junio de 2020 a partir de una denuncia de Cristina Caamaño, entonces interventora de la Agencia Federal de Inteligencia. Una inspección realizada meses antes había permitido encontrar documentación en una oficina del organismo que contenía fichas e informes sobre personas vinculadas con las dos grandes reuniones internacionales realizadas durante el gobierno de Mauricio Macri. Entre el material aparecían datos sobre periodistas, académicos, organizaciones sociales y dirigentes políticos.
La denuncia de Caamaño describía 403 fichas de periodistas, 28 de académicos y otras 58 correspondientes a distintas personas que habían sido observadas en los procesos de acreditación. En ellas aparecían datos personales, vínculos, actividades, publicaciones en redes sociales y referencias políticas.
La fiscal Paloma Ochoa había atribuido a Tonelli Banfi la confección de las fichas y a Coste el posterior “visado” de la información. Para la acusación, el procedimiento podía haber permitido discriminar a los postulantes según sus posiciones políticas.
No obstante, el juez señaló que no apareció una orden escrita que indicara que la tarea debía realizarse para identificar opositores políticos o personas con determinadas ideas. Además, consideró que la fiscalía había utilizado una muestra parcial de los documentos para construir una conclusión que no se verificaba en el conjunto de las fichas.
Martínez De Giorgi recordó que en anteriores reuniones de la OMC y del G20 realizadas en otros países se habían registrado graves disturbios y episodios de violencia. Frente a ese antecedente, el juez entendió que el Estado argentino tenía motivos para adoptar medidas preventivas ante la realización de dos acontecimientos internacionales de enorme exposición.
En el caso de la OMC, el magistrado estableció que la participación formal de la AFI en el sistema de acreditaciones no estaba acreditada, aunque sí figuraba dentro del dispositivo de seguridad para tareas de investigación, análisis, vigilancia y prevención de amenazas. Para el G20, en cambio, la intervención de la agencia en el circuito de acreditación estaba expresamente contemplada y su participación formaba parte de los equipos de “Análisis e Inteligencia”, “Ciberseguridad” y “Planificación de Seguridad QBNR”.
Finalmente, el juez sostuvo que, en buena parte de los casos, los datos habían sido obtenidos de fuentes abiertas, como sitios de Internet y perfiles públicos de redes sociales, por lo que remarcó que no se había acreditado una invasión de la esfera privada que permitiera encuadrar la conducta dentro de las prohibiciones de la Ley de Inteligencia e hizo una distinción entre la actividad de inteligencia preventiva y una investigación criminal.
Gustavo Arribas y Silvia Majdalani sumaron su segundo sobreseimiento en causas por presunto espionaje en dos meses. A principios de julio, el juez Julian Ercolini archivó el expediente donde se los acusaba junto a otros 27 exfuncionarios y agentes de inteligencia en la causa que investigaba un presunto esquema de espionaje político desplegado desde las denominadas "Bases AMBA" durante el gobierno de Mauricio Macri.
Se trata de desprendimiento de la causa contra el falso abogado Marcelo D’Alessio que tramitó el entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. La hipótesis apuntaba a que la AFI había instalado diversos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires con el objetivo formal de colaborar en la investigación de delitos federales complejos, como narcotráfico y trata de personas, pero esas estructuras habrían sido utilizadas para obtener información sobre dirigentes políticos, sindicales, sociales y comunitarios considerados opositores al gobierno.