Guerra contra la AFA: el Gobierno será querellante en una causa que investiga al "Chiqui" Tapia
La AFA una vez más quedó en la mira del Gobierno de Javier Milei. La ARCA será querellante en una causa que investiga a Claudio Chiqui Tapia.
El Gobierno nacional se incorporará como querellante en la causa penal que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunta retención indebida de tributos y aportes a la Seguridad Social. La investigación tiene como imputados al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.
El expediente se tramita en el fuero Penal Económico y está a cargo del juez Diego Amarante. La aceptación del Estado como querellante se formalizó a partir de un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que busca intervenir de manera directa en la causa por considerar que existen perjuicios concretos para el fisco.
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Qué dice la acusación contra la AFA
Según la acusación, la AFA actuó como agente de retención de impuestos nacionales y aportes previsionales, pero no habría ingresado esos fondos dentro de los plazos legales. Desde ARCA sostuvieron que “la conducta investigada consiste en haber retenido tributos y recursos de la Seguridad Social sin efectuar su posterior depósito”, lo que, remarcaron, “configura una omisión penalmente relevante”.
En la presentación judicial, el organismo recaudador advirtió que “la obligación de ingresar los montos retenidos surge de manera directa de la condición de agente de retención”, y señaló que la falta de pago “no puede considerarse un incumplimiento meramente administrativo, sino un hecho con posible reproche penal”.
La denuncia de ARCA por los $19.300 millones
El monto total bajo investigación supera los $19.300 millones. En una primera denuncia, ARCA reclamó $7.593.903.512,23 correspondientes a tributos y aportes no ingresados. Posteriormente, amplió la presentación con otros $11.759.643.331,62, lo que elevó de forma significativa el volumen de la deuda cuestionada. Los períodos analizados abarcan desde marzo de 2024 hasta julio de 2025.
Desde el organismo recaudador indicaron además que “los fondos fueron efectivamente retenidos a terceros”, por lo que “existía la posibilidad material de cumplir con la obligación legal”, un punto clave para la tipificación del delito en el Régimen Penal Tributario.
Con su incorporación como querellante, el Gobierno podrá impulsar medidas de prueba, acceder al expediente y participar activamente del proceso judicial. La decisión marca un nuevo capítulo en la ofensiva oficial contra la conducción de la AFA y coloca a Tapia y a su círculo más cercano bajo una investigación que ahora tendrá al Estado como parte acusadora formal.