"Garantismo berreta": el enojo de Ignacio Torres por el fallo judicial que ordena más carne para los presos
El juez Marcelo Nieto Di Biase intimó al Ejecutivo provincial tras un hábeas corpus colectivo. El gobernador de Chubut cuestionó con dureza la decisión judicial.
Ignacio Torres, gobernador de Chubut, en discusión con el Poder Judicial de la provincia.
En Chubut, la comida de los detenidos abrió una discusión entre el gobierno de Ignacio Torres y el Poder Judicial de la provincia. El disparador fue una resolución del juez Marcelo Nieto Di Biase, que le fijó al Ejecutivo provincial un plazo de 72 horas para concretar la compra de una partida de carne y reforzar así las viandas que se sirven en los establecimientos penitenciarios de Trelew. La respuesta del mandatario no tardó y elevó el tono del conflicto.
El reclamo que llegó a los tribunales
Detrás de la resolución hay un expediente que tramita desde hace meses. El origen es un hábeas corpus colectivo presentado por los internos de un pabellón de una unidad provincial, respaldado por un planteo que la Defensa Pública sostiene desde marzo y que apunta a la calidad nutricional de las raciones, con foco puntual en el aporte de proteínas.
El pedido, sin embargo, excede la provisión de carne. También abarca la obligación estatal de asegurar una alimentación adecuada al conjunto de la población carcelaria, con atención particular a quienes atraviesan tratamientos médicos que requieren dietas específicas. Desde el Ministerio de Justicia provincial confirmaron que ya se puso en marcha un expediente de compra para reforzar las comidas diarias tanto en las unidades de la Alcaidía Policial como en el Instituto Penitenciario Provincial.
La reacción del gobernador
Torres llevó la discusión a otro terreno. "Hay que terminar de una vez por todas con este garantismo berreta", sostuvo el gobernador al cuestionar el fallo, con el argumento de que ciertos sectores del Poder Judicial priorizan los derechos de quienes cometen delitos por encima de los del resto de la ciudadanía.
El mandatario amplió el reproche a los magistrados que, según su lectura, adoptan decisiones que entorpecen la administración del sistema penitenciario. De ese modo, una disputa acotada por el contenido de una vianda terminó convertida en un planteo político más amplio sobre el alcance de la intervención judicial en las políticas de seguridad.
Dos criterios en pugna
Desde la vereda judicial el punto de partida es otro. La obligación del Estado de asegurar condiciones dignas de detención rige con independencia de la situación procesal de cada interno y de la gravedad del hecho que se le imputa: cumplir una pena privativa de la libertad no supone la pérdida de los derechos fundamentales.
Así, el episodio deja expuestas dos posiciones que no dialogan. Para la Casa de Gobierno chubutense, el foco debe estar puesto en las víctimas y en quienes respetan la ley. Para el ámbito de los tribunales, la responsabilidad estatal sobre las personas bajo custodia es indelegable y habilita a los jueces a intervenir cuando entienden que hay derechos comprometidos.
La discusión por la carne en las cárceles de Trelew terminó siendo, en los hechos, una discusión sobre los límites de cada poder.