Francisco Adorni dijo que puso un cero de más en su declaración jurada y postergaron su indagatoria
El juez Daniel Rafecas hizo lugar a un pedido del hermano del exjefe de Gabinete y difirió el pedido de llamado a declarar solicitado por el fiscal Guillermo Marijuan en la investigación por inconsistencias patrimoniales.
Francisco Adorni es hermano del jefe de Gabinete.
Instagram @franciscoadorniFrancisco Adorni, hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, presentó un descargo ante el juez Daniel Rafecas con el que frenó de momento el llamado a indagatoria formulado por el fiscal Guillermo Marijuan en la causa donde se investiga la evolución de su patrimonio.
En el escrito presentado por su abogado Marcelo Peña, Adorni sostuvo que las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas no fueron producto de una maniobra para ocultar bienes, sino de errores de carga y posteriores correcciones administrativas.
Su defensa cuestionó que existan elementos suficientes para convocarlo a indagatoria por la presunta falsedad u omisión maliciosa de información en sus declaraciones patrimoniales. Su defensa pidió que el requerimiento fiscal sea rechazado y, de manera subsidiaria, que cualquier convocatoria sea postergada hasta que se realicen pericias contables, informes bancarios y otras medidas de prueba.
El punto más llamativo es una diferencia de $117 millones en una deuda hipotecaria. En la declaración jurada inicial de 2024, Adorni había informado una deuda de $13 millones. Sin embargo, en la declaración anual presentada posteriormente consignó como deuda al comienzo del período $130 millones y como saldo final $60 millones. Para la Fiscalía, esa diferencia podía interpretarse como una reducción patrimonial de unos $70 millones que no estaba debidamente explicada.
Adorni sostiene que la explicación es mucho más sencilla: habría agregado un cero de más al consignar el monto del préstamo. “La explicación es materialmente plausible: reproduce exactamente la cifra anterior multiplicada por diez”, afirmó en su presentación.
Para el abogado Peña, el error resulta poco compatible con una estrategia deliberada de ocultamiento. Es decir, declarar una deuda de $130 millones cuando en la presentación anterior figuraban $13 millones habría generado una inconsistencia demasiado evidente como para funcionar como una maniobra destinada a mejorar artificialmente la situación patrimonial.
“Si el propósito fuera mejorar artificialmente el patrimonio, exagerar de manera ostensible el pasivo inicial y exhibir una cancelación extraordinaria no constituye un método discreto ni razonable; genera, como ocurrió, una alerta automática”, señaló.
El fiscal Marijuan también puso el foco en las sucesivas rectificaciones de las declaraciones juradas. La cronología incorporada por la defensa muestra modificaciones realizadas en mayo y junio de 2026, en las que se corrigieron valuaciones, saldos, ingresos y gastos y se incorporaron datos sobre efectivo, cuentas bancarias y tarjetas. Algunas de esas modificaciones se produjeron después de requerimientos de la Oficina Anticorrupción.
En particular, en una rectificación de la declaración de baja correspondiente a 2025, Adorni incorporó $24,5 millones en efectivo. De ese monto, según su explicación, $21 millones provenían de la venta de un inmueble recibido dentro de la sucesión de su padre. La defensa sostiene que el origen de esos fondos puede comprobarse mediante la documentación del sucesorio, la operación de venta y los movimientos bancarios.
La defensa cuestiona además que la fiscalía utilice la profesión de Adorni como un elemento para inferir que necesariamente conocía y comprendía cada inconsistencia. El dirigente es contador público y tiene formación en administración financiera y control del sector público. Para su defensa, esos antecedentes pueden ser considerados, pero no permiten convertir automáticamente un error en una conducta deliberada.
Adorni criticó que Marijuán haya utilizado las distintas rectificaciones como indicios de una conducta dolosa. Adorni sostiene que la Oficina Anticorrupción contempla expresamente un mecanismo para corregir las declaraciones y que, en su caso, parte de las modificaciones fueron realizadas después de advertirse inconsistencias y ante pedidos de información del organismo.

