Eskenazi, Cornejo y la demanda por YPF: el detrás de escena de un gesto político

Sebastián Eskenazi era parte del círculo a nivel nacional como empresario y una figura deseada en Mendoza, tras el nuevo rol en el que se había posicionado. Ya no era banquero, sino líder de YPF, la principal petrolera argentina que por entonces aún era propiedad de Repsol y tenía a los dueños del grupo Pétersen como “pata local”. Eskenazi hizo sociales, negocios, logró extensiones de concesiones y tenía un fuerte vínculo con el Gobierno local, aliado de Casa Rosada. La misma familia es acusada ahora por la gestión de Alfredo Cornejo de haber perjudicado a la provincia por la maniobra usada por el grupo Pétersen e YPF para hacerse del 25% de las acciones de la petrolera.

En concreto Cornejo y el Estado mendocino se hicieron parte de la denuncia penal que busca que sea declarado como una maniobra fraudulenta el mecanismo usado para la “compra” de parte de la empresa. Esa decisión es parte de una estrategia para fortalecer el plan oficial de cara a la demanda civil realizada en Estados Unidos (con sentencia en contra por 16 mil millones de dólares) por los fondos que le compraron el juicio al grupo Pétersen y que tiene en la cornisa a las acciones de YPF. El hilo argumental es algo enredado, pero concreto: el grupo Pétersen (Eskenazi) compró parte de YPF sin poner un centavo, usando el pago de “futuros dividendos” como herramienta. Ese mecanismo afectó la economía de YPF que desvió recursos de exploración y desarrollo en las provincias petroleras y con esa interpretación Mendoza, Chubut y Santa Cruz se hacen parte. La otra clave para ello es que tras la estatización de la empresa, las provincias tienen acciones y son parte del directorio. El gesto busca fortalecer legal y políticamente la pelea que el Estado nacional tiene en los tribunales de Estados Unidos.

El vínculo de YPF con Mendoza tiene muchas particularidades que hacen también a la mutación que tuvo la empresa. En la época de los Eskenazi, eran bien recibidos. Cuando se decidió la estatización, se usaron los incumplimientos de inversión y, sobre todo, los pasivos ambientales que arrastraba la petrolera (con los Eskenazi como parte) para argumentar en contra Repsol y justificar la expropiación. Y las consecuencias de la falta de inversión en exploración en aquellos años los sufre Mendoza hoy con una alicaída industria. Es que Mendoza era “YPF dependiente” en la cadena de valor del petróleo y el ninguneo de esa compañía terminó en una crisis aguda.

En detalle

Alfredo Cornejo anunció ayer junto a sus colegas patagónicos que se hacía parte de la demanda penal que se instruye en Comodoro Py. Como parte de esa causa, las provincias podrían incorporar pruebas y testimonios. Es, más allá de los datos técnicos, un hecho político.

El grupo Pétersen ingresó a YPF en 2007 a través de la firma de un acuerdo con Repsol en el que se aceptaba un formato polémico para el pago del 25% de acciones: la adquiriente no puso recursos propios para la compra, sino que lo “abonó” con el pago de futuros dividendos. A nivel político el kircnerismo estaba en su época de apogeo, con el liderazgo de Néstor Kirchner y la consolidación de la “Concertación Plural”, de la que el radicalismo mendocino era parte. El grupo Pétersen manejaba el Banco de Santa Cruz, entre otras entidades financieras, y tenía un fuerte vínculo con el poder.

En Mendoza la permeabiliad de los Eskenazi fue amplia. En 2011, por ejemplo, fue Sebastián Eskenazi quien ejecutó la renegociación de los contratos de concesión de YPF en la provincia, que incluyó prórrogas de concesiones y algunas cláusulas que luego serían incumplidas. “A los 06 días del mes de abril del año 2011, en la Ciudad de Mendoza, se reúnen por parte de la Provincia de Mendoza el Sr. Ministro de Infraestructura, Vivienda y Transporte, Dr. Francisco Humberto Pérez, ad referéndum del Sr. Gobernador de la Provincia, por una parte; e Y.P.F. S.A. representada en este acto por el Sr. Sebastián Eskenazi, en su carácter de Apoderado General, con facultades suficientes para este acto en virtud del poder general que obra en la presentación de la solicitud de prórroga, por la otra parte”, dice el encabezado del acuerdo firmado entre el Gobierno y la petrolera. En ese acuerdo se prorrogaron las concesiones de 16 áreas petroleras, antes de la estatización. El camino recorrido fue largo y hoy, por ejemplo, YPF ya dejó de lado la mayoría y las que tiene las puso a la venta.

En 2012 la petrolera fue expropiada con amplio consenso en el Congreso. El grupo Pétersen seguía siendo dueño de una parte de la empresa, pero vendió su participación y el derecho a litigar por un supuesto incumplimiento del contrato en el que se “obligaba a hacer una oferta por las acciones. Fue el fondo Burford Capital el que compró ese derecho de litigio, en el marco de la quiebra del grupo Petersen. La demanda formal contra Argentina se presentó en 2015 y luego la jueza Loreta Preska ordenó una multimillonaria indemnización. El caso no está cerrado y las provincias petroleras buscan apuntalar la estrategia de defensa.