Caso YPF: los gobernadores de Mendoza, Chubut y Santa Cruz pidieron sumarse a la causa como querellantes
Alfredo Cornejo, Ignacio Torres y Claudio Vidal se presentaron en los tribunales de Comodoro Py para defender los intereses de sus provincias en la causa YPF que se tramita en Nueva York.
Los gobernadores de Mendoza, Chubut y Santa Cruz solicitaron ser querellantes en la causa por la estatización de YPF que tramita en Nueva York.
Los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) se presentaron este lunes en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de Comodoro Py para solicitar ser admitidos como parte querellante en el marco de la causa por la estatización de YPF que se tramita en los tribunales de Nueva York.
Los gobernadores se suben al ring por YPF
El reclamo de los mandatarios fue presentado bajo el patrocinio del abogado y exprocurador del Tesoro de Mauricio Macri Bernardo Saravia Frías, que subrayó cómo las provincias son accionistas de la petrolera estatal desde la sanción de la Ley de estatización (26.741) sancionada en 2012. "Nuestra legitimación es indisputable: las provincias son titulares de un derecho colectivo directamente comprometido por los hechos investigados", enfatizaron.
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La solicitud de las tres provincias llegó mientras el juzgado a cargo de Loretta Preska tramita el juicio contra el Estado argentino. En septiembre de 2023, la magistrada condenó a la Argentina a pagar US$ 16.099 millones a los fondos Peterson y Eton Park, y la causa sumó uno de sus más dramáticos episodios cuando la norteamericana ordenó en junio que el país entregara el 51% del paquete accionario de la compañía petrolera. La medida fue suspendida provisoriamente por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito y el Estado argentino insiste con su apelación.
El argumento de las provincias
En su presentación, Cornejo, Torres y Vidal explicaron que la causa en el plano local se remonta a 2006, cuando se llevó a la Justicia el vaciamiento de YPF durante la gestión de Repsol, con foco en la entrada del Grupo Petersen sin aportes de capital y con un nulo control del Estado. Según los gobernadores, ese proceso derivó en la expropiación de 2012 sin cumplir con el estatuto que obligaba a realizar una oferta pública de acciones.
De acuerdo a los mandatarios, el Grupo Petersen había logrado hacerse con el 15% de las acciones con una opción de compra de otro 10%. Para esa operación, el grupo se financió con los propios dividendos de YPF gracias al aval político de la Casa Rosada. Por eso, los gobernadores sostienen que si la Justicia local demuestra ese accionar fraudulento, "su esclarecimiento puede torcer la suerte procesal en Estados Unidos".
Esto es así porque fue el Grupo Petersen, junto a otros accionistas minoritarios, quienes luego vendieron su derecho de litigio al fondo Burford Capital, que es quien amenaza a la Argentina en los tribunales de Nueva York. Si se comprueba que la operación inicial llevada adelante por la familia Eskenazi fue irregular, la demanda de Burford podría caer.
En el mientras tanto, la Argentina corre el riesgo de tener que pagar los US$16 mil millones, cifra que representa una seria amenaza para las reservas nacionales. En ese marco, los gobernadores advirtieron que la ejecución de esa sentencia "afecta de forma inmediata e irreversible la estructura accionaria y el gobierno corporativo de YPF".
Por su rol accionario sobre la petrolera, ese fallo supondría un daño importante para las provincias en materia de regalías y de soberanía sobre los recursos naturales de sus distritos. Por eso, Alfredo Cornejo, Ignacio Torres y Claudio Vidal buscan subirse a la pelea y lograr torcer la suerte del caso en favor de la Argentina.