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Envían a juicio al gendarme que dejó al borde de la muerte a Pablo Grillo durante una marcha de jubilados

La jueza María Romilda Servini dio por clausurada la instrucción del expediente sobre el gendarme que dejó al borde de la muerte al fotógrafo y ordenó seguir investigando las posibles responsabilidades dentro de la cadena de mando del operativo de seguridad el día de los hechos.


La jueza federal María Romilda Servini dispuso el envío a debate de la causa que involucra al gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de lesiones graves al fotógrafo Pablo Grillo.

La magistrada dio clausurada la etapa de instrucción e hizo lugar al requerimiento de la querella y del fiscal Eduardo Taiano luego de que la defensa de Guerrero no presentara excepciones ni se opusiera al avance del proceso hacia juicio oral.

La causa fue enviada ahora a la Cámara Federal de Casación Penal, que determinó por sorteo que el Tribunal Oral Federal Número 6 tendrá a su cargo el debate. Servini también mantuvo vigente la prohibición de salida del país que pesa sobre el Guerrero desde julio de 2025 y ordenó notificar a la Dirección Nacional de Migraciones para asegurar el cumplimiento de esa medida.

Guerrero está imputado por los delitos de “lesiones gravísimas agravadas” y “abuso de armas agravado”, ambos atribuidos por su condición de integrante de una fuerza de seguridad. Según la investigación judicial, el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina disparó una pistola lanzagases de manera antirreglamentaria mientras participaba del operativo desplegado en las inmediaciones del Congreso.

El episodio ocurrió el 12 de marzo de 2025, en medio de una protesta por reclamos previsionales que terminó con fuertes incidentes y una violenta represión policial. Grillo, que cubría la manifestación como reportero gráfico, recibió el impacto de un cartucho de gas en la cabeza y sufrió fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica, lesiones que lo dejaron en estado crítico durante varios meses.

En su requerimiento, el fiscal federal Eduardo Taiano sostuvo que el accionar del gendarme fue “desproporcionado e irracional” y remarcó que el disparo puso en riesgo no solo la vida del fotógrafo, sino también la de otros manifestantes presentes en la zona.

Si bien la investigación principal sobre Guerrero quedó cerrada, la justicia continuará analizando posibles responsabilidades dentro de la cadena de mando del operativo de seguridad. La querella que representa a la familia del fotógrafo insiste en que se profundice la pesquisa sobre otros efectivos y funcionarios como Patricia Bullrich, por entonces ministra de Seguridad, y su número 2, Alejandra Monteoliva, que participaron de la planificación y ejecución del despliegue policial.

A lo largo de la investigación, distintos registros audiovisuales y peritajes permitieron reconstruir la trayectoria del proyectil y ubicar al efectivo acusado en el lugar desde donde se efectuó el disparo.