En pleno conflicto con Claudio Tapia, el Gobierno descartó cualquier posibilidad de intervenir la AFA

Pese a la munición gruesa que el Gobierno lanzó en las últimas semanas contra la Asociación del Fútbol Argentino y su presidente, Claudio 'Chiqui' Tapia, el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, aseguró que "nadie está pensando en el Poder Ejecutivo intervenir la AFA".

La aclaración de la IGJ y una advertencia para Tapia

"La Inspección de Justicia no está decidida ni tampoco está pensando, ni siquiera considerando recomendar una intervención y tampoco lo está pensando el ministro de Justicia. Así que es un escenario que hay que descartar", sentenció Vitolo en diálogo con Radio Rivadavia.

Aún así, el titular de la IGJ advirtió que la institución futbolística sigue sujeta al control del organismo, pese a sus intenciones de trasladar su sede fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para esquivar los controles.

De acuerdo a Vitolo, la AFA no completó los procedimientos legales necesarios para mudarse a la provincia de Buenos Aires, ya que lo resolvió en una asamblea pero todavía no reformó su estatuto ni obtuvo la aprobación de la IGJ, con todos los trámites administrativos correspondientes. "La AFA sigue estando bajo mi órbita, a pesar de lo que la AFA dice", afirmó tajante el funcionario.

Irregularidades en los balances y otras polémicas

Entre los cuestionamientos de Vitolo contra la AFA, explicó que la entidad no presentó ante la IGJ el estatuto modificado ni regularizó la inscripción de su última comisión directiva. Además, la asamblea que adelantó un año la renovación de autoridades por un período de cinco años donde Tapia fue reelecto fue impugnada por la Inspección General de Justicia y actualmente se encuentra judicializada, a la espera de un fallo final de la Corte Suprema.

Sin embargo, el talón de Aquiles que enfrenta la Asociación se encuentra en las deudas informativas que mantiene con la IGJ desde 2017, vinculadas con inconsistencias detectadas en los estados contables.

"Han colocado en una serie de partidas globales sumas ideales sin abrirlas", explicó Vitolo, que aquejó que la entidad tampoco respondió a los requerimientos de aclaración sobre el destino de esos fondos.

En ese sentido, el titular de la IGJ consideró que la AFA busca dejar atrás la polémica con un nuevo inicio en la provincia de Buenos Aires, pero adelantó que eso no será posible sin cumplir con las exigencias legales.

"No vamos a permitir que se vaya de la jurisdicción sin explicar esto", desafió Vitolo. También subrayó que la AFA celebró asambleas fuera de la jurisdicción de la IGJ y sostuvo públicamente que ya está bajo la fiscalización de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, algo que "legalmente no es posible".

Los millonarios balances de la AFA sin aprobar

En estos casos de irregularidades contables, la IGJ tiene la potestad de no aprobar los balances y aplicar multas, pero no tiene atribuciones para intervenir una asociación civil por la sola falta de aclaración de partidas, siempre que los estados contables hayan sido presentados.

En total, la AFA tiene ocho años de estados contables sin aprobar. Esto acumula "gastos por 111 millones de dólares" sin explicar, entre gastos de administración y gestión (US$18 millones), pagos globales al Colegio de Árbitros y la Escuela Técnica (US$3.5 millones) y gastos de selecciones nacionales (US$44 millones), además de aportes y subsidios a la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (US$12 millones).

Vitolo aclaró que eso no significa que los fondos hayan sido mal utilizados, sino que es necesario conocer su composición para poder aprobar los balances.

¿Cuáles son las posibilidades de una intervención?

Según Vitolo, para intervenir la AFA existen tres escenarios legales. El primero depende de la IGJ, y habilita en casos de comprobarse una violación grave de la ley, el estatuto o el reglamento,recomendar la intervención al ministro de Justicia de la Nación. Sin embargo, el titular del organismo judicial descartó que esa opción esté siendo considerada actualmente por el Poder Ejecutivo.

El segundo escenario corresponde al ámbito penal, donde un juez podría tomar medidas para preservar bienes y pruebas en el marco de investigaciones por lavado de dinero.

El tercero es de naturaleza civil, y permitiría que un club afiliado solicite la intervención judicial de la AFA ante la Justicia Civil Ordinaria de la Capital Federal, en caso de considerar que la institución está en peligro por el accionar de sus administradores. Las intervenciones pueden variar desde la designación de un veedor informante hasta la intervención plena con desplazamiento de autoridades.

Todos estos escenarios resultan sumamente improbables debido a la cercanía del Mundial de Fútbol 2026. El motivo es simple, la FIFA no permite la intervención gubernamental en los organismos del fútbol, ya que sus estatutos exigen que las federaciones miembro administren sus asuntos de forma independiente. Por eso, una injerencia de terceros como la de un gobierno podría acarrear sanciones como la suspensión inmediata de la federación de toda competencia internacional. Un costo que nadie estaría dispuesto a pagar.