En medio de una guerra entre libertarios, se reunió a la mesa política y el Gobierno busca salir de la parálisis política
Con Karina Milei y Manuel Adorni, el Ejecutivo buscó coordinar el avance de una serie de proyectos de ley que están frenados por la falta de reacción ante las causas que abruman al jefe de gabinete.
Adorni y Karina Milei encabezaron una nueva reunión de la mesa política
En un clima de absoluta tensión por una reciente guerra en X entre "El Gordo Dan" y la diputada Lilia Lemoine que evidencia la tradicional grieta entre Santiago Caputo y Karina Milei, se realizó este mediodía en Casa Rosada una nueva reunión de la mesa política.
Contó con la presencia del jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien busca seguir centralizando todas las acciones de Gobierno en su afán de querer demostrar que no le afectan las investigaciones en su contra por presuntas inconsistencias patrimoniales y que sigue al frente de la gestión.
"Se avanzó en la definición de los próximos proyectos que serán enviados al Congreso Nacional y delinear la estrategia parlamentaria. Durante el encuentro, además de repasar el estado de avance de las iniciativas ya presentadas y analizar sus particularidades, se resolvió que en el día de hoy serán remitidas la modificación a la Ley de Salud Mental y la Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", se precisó oficialmente.
Estuvieron presentes, además del ministro coordinador, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem.
En términos legislativos, la intención es avanzar con la reforma del Código Penal, que endurece penas para distintos delitos graves. Hubo debate puertas adentro en torno a si es recomendable ir con un proyecto integral o si era mejor fraccionarlo y acelerar con el aumento de las penas. Se impuso la primera opción. Se prevé que se envíe la próxima semana al Congreso.
A su vez, se pretende agilizar las gestiones para que se aprueben los expedientes que forman parte del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Ley Hojarasca, la reforma electoral y la habilitación legislativa para homologar dos acuerdos con dos bonistas por el default en el 2001.
Párrafo aparte está la situación de las dos recientes apelaciones del Gobierno en torno a dos temas sensibles. Por un lado, se presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que intervenga de manera directa en la disputa sobre la reforma laboral. La estrategia apunta a revertir la medida cautelar que frenó puntos clave de la ley, como la flexibilización de indemnizaciones, la extensión de la jornada laboral y las limitaciones a la actividad sindical.
Por otro lado, el Ejecutivo tomó la misma medida para frenar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, sancionado por el Congreso el año pasado. El Gobierno afirma que esa norma implica el desembolso de $2,5 billones de pesos y atenta contra el equilibrio fiscal. Ante ese planteo, hizo un recurso formal ante el fuero Contencioso Administrativo y espera que defina el máximo tribunal.
En paralelo, deberá cumplir con la ley, mientras espera que su proyecto, que consta con un menor giro de recursos a las casas de estudio, sea tratado "cuanto antes posible" en algunas de las dos cámaras.