Empresarios de la minería en Mendoza respaldaron los cambios a la Ley de Glaciares

El Senado nacional comenzará este miércoles el debate del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, que pretende flexibilizar la norma para fomentar la inversión en proyectos principalmente mineros. Una iniciativa del Ejecutivo nacional de especial interés en Mendoza, en medio del impulso del Gobierno local a inversiones mineras en la provincia.

Lógicamente, el interés no es solo gubernamental. El sector empresarial vinculado a la minería está pendiente a estas modificaciones y lo dejó en claro este martes la Cámara Mendocina de Empresas Mineras (CAMEM), quien emitió un comunicado brindó su apoyo explícito al debate en sí mismo y a la eventual aprobación.

congreso

Críticas a la actual Ley de Glaciares

Según indicaron, la actual Ley 26.639 "abunda en imprecisiones y vacíos conceptuales que conspiran con el objetivo buscado por la misma, el cual es la efectiva tutela de los glaciares al entender y valorar la importancia de estos, a los que considera reservas hídricas que ameritan justamente su protección".

Advirtieron que si bien comparten el espíritu de la "tutela y regulación" de la ley, señalaron que en la práctica la misma "ha devenido en una norma ineficaz dada las imprecisiones y ausencia de claridad conceptual de la misma". Advirtieron que esta situación se manifiesta en especial cuando debe definir ciertas figuras como los glaciares de escombros y el ambiente periglacial.

"Ello desvirtúa no solo la seguridad jurídica que requiere toda inversión que busque desarrollarse en las provincias del oeste argentino, sino también, paradójicamente, impide la efectiva y concreta protección de los citados glaciares", aseguraron.

Desde la Cámara de Empresas Mineras señalaron que son las provincias, a las cuales les pertenecen los glaciares por Constitución Nacional, las que deben "complementar, para su regulación, los presupuestos mínimos ambientales que fije la Nación a través de la norma en discusión".

"Dichos presupuestos mínimos deben ser un umbral, un piso desde donde las provincias puedan edificar su andamiaje normativo, agravando o complementando dichos umbrales, algo que la ley en su versión original no contempló, al formular prohibiciones y restricciones máximas, definitivas e imposibles de complementar por las provincias, desconociendo así sus facultades constitucionales", señalaron.

Para cerrar, aseguraron que sostienen que esta "adecuación" -como la llamaron- no significa un retroceso o regresión ambiental. En cambio, advirtieron que "precisar y delimitar los alcances de dicha protección tornará más eficaz a la norma y por ende al bien que se pretende proteger".

Señalaron que esto aventará reclamos, brindará certidumbre y armonizará el mosaico normativo que permita tanto la tutela ambiental, como el desarrollo de actividades productivas siempre bajo el orden del artículo 41 de la Constitución sobre remediación ambiental. "Generando empleo y oportunidades en las provincias del oeste argentino en general y en nuestra provincia en particular", concluyeron.