Elías Piccirillo seguirá detenido en su departamento de Banfield
El juez Ariel Lijo consideró que aún persisten riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y rechazó el pedido del ex de Jessica Cirio de levantar su prisión domiciliaria y de subsidiariamente cumplirla en la casa de su actual novia, Florencia Epelbaum.
Del lujo al encierro: así vive Elías Piccirillo su detención en Banfield. Foto: NA.
El magistrado federal Ariel Lijo rechazó el pedido de la defensa de Elías Piccirillo y resolvió mantener el arresto domiciliario con tobillera en la causa que investiga el presunto montaje de un procedimiento policial destinado a incriminar al empresario Francisco Hauque mediante la colocación de un arma y más de un kilo de cocaína en su vehículo.
Para Lijo, los riesgos procesales que justificaron la prisión preventiva continúan vigentes y que, por el momento, no pueden ser neutralizados mediante medidas menos restrictivas. Además, el magistrado rechazó el pedido subsidiario para que Piccirillo cumpliera el arresto domiciliario en la vivienda de su pareja, ubicada en el barrio porteño de Núñez.
La defensa de Piccirillo había solicitado el cese de la prisión preventiva al sostener que la investigación se encuentra avanzada, que la mayor parte de la prueba ya fue incorporada al expediente, que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento y que su asistido cumplió sin inconvenientes las condiciones impuestas desde que obtuvo el beneficio del arresto domiciliario. También argumentó que posee arraigo familiar, domicilio conocido y voluntad de permanecer sometido al proceso.
Por otra parte, los abogados del empresario solicitaron que, en caso de negársele levantarle la prisión domiciliaria, la siguiera cumpliendo en el departamento de su actual pareja, Florencia Epelbaum, en el barrio de Núñez, pedido que también fue desestimado.
Sin embargo, el fiscal Franco Picardi se opuso al planteo y sostuvo que todavía existen circunstancias objetivas que justifican mantener la restricción de la libertad. Entre ellas mencionó que resta realizar la extracción forense del teléfono celular secuestrado durante uno de los allanamientos, una medida que podría aportar información relevante sobre eventuales contactos o intimidaciones hacia las víctimas y determinar si el imputado incumplió las condiciones de su arresto domiciliario.
El magistrado enfatizó que la prisión preventiva constituye una medida excepcional, al tiempo que valoró antecedentes de la investigación que, a su criterio, siguen siendo relevantes. En ese sentido, recordó que durante la instrucción existieron dificultades para ubicar a Piccirillo en el domicilio que había informado, que el imputado habría descartado dispositivos electrónicos la noche de los hechos investigados y que, cuando iba a ser detenido en el barrio El Yacht de Nordelta, intentó escapar antes de ser finalmente capturado.
Asimismo, el juez Lijo tuvo en cuenta que durante el arresto domiciliario, Elías Piccirillo abandonó su vivienda sin autorización judicial, motivo por el cual fue intimado a respetar estrictamente las condiciones impuestas para el cumplimiento de la medida cautelar.
La causa investiga un episodio ocurrido entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de enero de 2025, cuando efectivos de la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad interceptaron el vehículo en el que viajaban Francisco Hauque y su pareja, Anahí Aquino. Según la hipótesis judicial, durante ese procedimiento se les habría "plantado" un arma de fuego robada y más de 1,2 kilos de cocaína para justificar su detención.
De acuerdo con la investigación impulsada por el fiscal Franco Picardi, la maniobra habría sido organizada para impedir que Hauque continuara reclamándole a Piccirillo el pago de una deuda millonaria. La pesquisa sostiene que el financista habría coordinado el operativo junto con el exintegrante de la Policía Federal Carlos Sebastián "El Lobo" Smith y el entonces jefe de la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad, Iván Carlos Helguero, quienes habrían organizado el accionar del resto de los efectivos involucrados.
En abril de 2025, el entonces juez de la causa procesó a Piccirillo, a siete policías porteños y a un exintegrante de la Policía Federal al considerar que existían elementos suficientes para sostener que el operativo había sido previamente planificado. Según la acusación, los policías realizaron tareas de inteligencia sobre las víctimas, siguieron sus movimientos tras una cena en el Palacio Duhau y montaron un procedimiento que buscaba dar apariencia de legalidad a una detención previamente acordada.